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Como los políticos, los reguladores financieros saben que a última hora del viernes es buen momento para deslizar las malas noticias. La Red de Combate a Delitos Financieros —alias FinCEN y parte de la Tesorería de Estados Unidos— eligió el 19 de febrero para anunciar que había rescindido un devastador fallo contra un banco europeo sospechoso de facilitar el lavado de dinero. La retirada, menos de un año después de la designación, parece un retroceso.

En marzo de 2015, la FinCEN calificó a la Banca Privada d’Andorra como una “preocupación primaria de lavado de dinero”, diciendo que sus administradores superiores habían movido efectivo para grupos criminales. Esta medida “311”, llamada así por la relevante sección de la Ley Patriótica de 2001, habitualmente es devastadora para el banco interesado, porque de hecho le excluye del sistema financiero estadounidense y suspende su relación con cualquier banco que participe en él.

MEDIDAS

BPA no fue la excepción. El gobierno de Andorra, un refugio financiero montañés ubicado entre Francia y España, terminó haciéndose cargo del banco pese a las objeciones de sus accionistas mayoritarios, la familia Cierco, y su subsidiaria de administración de riqueza basada en Madrid fue liquidada. Los Cierco, insistiendo en que no había bases legales para la decisión de la FinCEN, demandaron en los tribunales estadounidenses.

La explicación de la FinCEN para su revocación fue que Andorra había adoptado medidas para proteger a BPA de los riesgos del lavado de dinero y, por tanto, el banco ya no representa una amenaza.

Los Cierco no están de acuerdo con esto. Argumentan que la revocación fue más bien un “descarado esfuerzo por evitar el escrutinio judicial” de la medida "311". Señalan el momento oportuno en que ocurrió: el tribunal escucharía la moción para desechar el caso el mes próximo. Eso habría requerido que se ventilara evidencia mucho más detallada para apoyar la acción "311".

Los estadounidenses querían evitar esto porque su argumento era poco sólido, dicen los críticos. Los Cierco han argumentado desde el principio, que se basa en casos de supuesto lavado de dinero que el mismo banco había reportado a los reguladores de Andorra y para cuya investigación había incorporado a KPMG, una firma contable.

QUIÉN ES EL JEFE

Si BPA ya estaba limpiando su acción, ¿por qué ir tras la institución? Algunos sospechan que el banco fue un peón en una pelea entre gobiernos: molesto de que Andorra fuera lento en adoptar las reglas contra lavado de dinero estilo estadounidense, incluidos límites a las transacciones en efectivo, Estados Unidos decidió demostrar quién era el jefe seleccionando un banco al cual acosar. Hay cierta evidencia que apoya esta teoría del cordero sacrificado. En comentarios improvisados el año pasado, por ejemplo, un diplomático estadounidense sugirió que Estados Unidos eligió “usar el martillo” contra BPA como una forma de resolver inquietudes más amplias sobre Andorra.

  • La medida “311” es devastadora para el banco interesado, porque de hecho le excluye del sistema financiero estadounidense.

La FinCEN refirió las preguntas de The Economist al Departamento de Justicia, que declinó hacer comentarios con base en que las demandas están en marcha.

La Tesorería ha sido cuestionada en otro caso de designación "311". FBME Bank of Tanzania le demandó después de ser acusado de ser cómplice de todo tipo de rufianes. En el otoño pasado, un tribunal estadounidense emitió una orden que bloqueó la acción del Gobierno hasta que el banco recibiera más información sobre porqué era considerado una amenaza al sistema financiero. El caso continúa. Mientras tanto, las operaciones de FBME se han visto severamente alteradas, y ha buscado una orden judicial para impedir que las autoridades cierren una importante subsidiaria en Chipre.

Estos casos destacan dos problemas con el garrote contra el lavado de dinero de la FinCEN. El primero es el de los dobles estándares: tiende a ir solo tras bancos pequeños en países estratégicamente poco importantes, y su uso de la "311" ha sido comparado con usar un mazo para abrir nueces.

El segundo es su falta de apertura. No enfrenta requerimiento alguno de que haga pública evidencia detallada, o incluso la ponga a disposición de un tribunal, en el momento de la acción. Para cuando se escuche en audiencia cualquier refutación, quizá sea demasiado tarde para el banco en cuestión.

BPA no está muerto, pero está gravemente herido. Gran parte del valor podría haberse desvanecido ya de un banco que valía 680 millones de dólares antes de la debacle, aunque quedan activos sustanciales, gracias a una orden de congelamiento. Los Cierco quieren que las autoridades de Andorra pongan fin a la disposición de sus activos y entablen “negociaciones compensatorias”.

Han afirmado que el cambio de opinión de la FinCEN es una “victoria crucial”, pero ¿será hueca?

 

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