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Un vendedor de tacos señaló dos sitios en una playa de Acapulco donde personas han sido acribilladas en los últimos días. Un estadounidense en un camastro recordó haber estado recibiendo un masaje mientras veía, se dio cuenta posteriormente, el cuerpo de un vendedor asesinado.

El caos en Acapulco, la cuarta ciudad más violenta del mundo, se limita en gran medida a su periferia, pero los turistas están empezando a notarlo. Soldados patrullan las playas, provocando inquietud en vez de inspirar confianza. Un canadiense que empezó a venir a Acapulco en los años 70 dijo que no regresará.Los carteles cuelgan los cuerpos de sus víctimas en los puentes.

 

El baño de sangre en la playa no cuenta toda la historia sobre la criminalidad en México. Muchas partes del país son más pacíficas de lo que eran antes, especialmente en áreas donde las guerras entre las bandas del narcotráfico han terminado con el triunfo de un bando. En Acapulco, en el estado sudoccidental de Guerrero, la lucha por controlar el comercio de la heroína, hecha de amapolas cultivadas localmente, sigue siendo intensa. Sin embargo, algunos tipos de delitos, incluidos el secuestro y la extorsión, parecen estar disminuyendo.

AUMENTAN ASESINATOS

No obstante, después de tres años de declinación, la tasa nacional de asesinatos aumentó en 2015 y ha seguido en ascenso este año. El número de asesinatos en enero fue 11 por ciento más alto que durante el mismo mes el año pasado. Esto no anuncia un regreso de la horrible violencia de 2010-2012, sin embargo, porque casi 40 por ciento del aumento reciente se ha dado en el Guerrero infestado de bandas criminales.

Aun así, incrementa en gran medida la presión sobre el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha prometido, “intensificar el ritmo” de la seguridad en la segunda mitad de su mandato, que termina en 2018. Un asombroso 99 por ciento de los crímenes nunca es castigado, un nivel de impunidad que alienta la criminalidad de todo tipo. México terminó en el sitio 58 entre 59 países en un índice de impunidad mundial publicado recientemente por la Universidad de las Américas en Puebla, al sureste de la Ciudad de México.

Varias atrocidades recientes han incrementado la presión a favor del cambio. En lo que va de este año, cuatro periodistas han sido asesinados, uno más que en todo 2015. La alcaldesa de Temixco, al sur de la Ciudad de México, fue asesinada después de solo un día en el cargo, y 49 reos del penal de Topo Chico, en el estado norteño de Nuevo León, murieron en un motín en febrero. En el estado de Veracruz, cinco personas desaparecieron después de ser arrestadas por la policía estatal, un feo eco de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Iguala, a unos 217 kilómetros tierra adentro desde Acapulco.

LOS TEMORES

La respuesta de Peña Nieto al horror público, causado por la desaparición de los estudiantes, fue anunciada en un programa contra la delincuencia de 10 puntos. Este está haciendo vacilantes progresos. Una ley que permitiría al gobierno federal asumir el control de administraciones locales infiltradas por el crimen organizado está estancada en el Congreso, en gran medida debido a los temores entre los políticos opositores de que el Gobierno pudiera abusar de su poder. También estancada está una ley que asignaría un número de identificación único a cada ciudadano, haciendo más fácil rastrear a los sospechosos de cometer crímenes.

Las disputas políticas están frenando una medida que el presidente considera vital: una ley federal que sometería a las alrededor de 1,800 fuerzas policiales locales de México al control de los 32 gobiernos estatales, una política conocida como “mando único”. Como su predecesor, el presidente Felipe Calderón, Peña Nieto depende del Ejército y la Marina para combatir los delitos graves, eludiendo en gran medida a las fuerzas policiales locales. Bajo el mando único, las fuerzas policiales estatales, que supuestamente son más competentes y efectivas que las locales, desempeñarían un papel más activo.

  • México tiene estancada ley que asignaría un número de identificación único a cada ciudadano, haciendo más fácil rastrear a los sospechosos de cometer crímenes.

El plan de Peña Nieto compite con propuestas presentadas por partidos opositores, una de las cuales permitiría a las ciudades grandes conservar sus fuerzas policiales. Es probable que eventualmente se apruebe una ley federal, en parte porque se piensa que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene ambiciones presidenciales. Mientras tanto, el mando único está siendo implementado en forma fragmentada, y más de la mitad de los Estados han introducido una versión del mismo. En Guerrero, sin embargo, hasta ahora solo unas cuantas localidades han aceptado permitir que el gobierno estatal dirija sus fuerzas policiales.

La política no es la panacea que el Gobierno parece pensar que es. No se ha demostrado que las fuerzas policiales estatales sean menos corruptas o más efectivas que las municipales. Agentes incompetentes hay en ambos niveles.

Cuatro de los siete policías estatales arrestados en conexión con las recientes desapariciones en Veracruz no habían pasado las pruebas de su idoneidad para el servicio.

NEUTRALIZAN A JEFES

En Guerrero, el mando único “descontaminaría” a algunas de las fuerzas policiales locales que han sido infiltradas por el crimen organizado, dijo Gabino Solano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo que el Estado necesita más, dijo, es una respuesta federal rigurosa a problemas como su economía débil, sus malos servicios de salud y educación y la competencia letal entre las bandas del narcotráfico.

Enrique Peña Nieto, presidente de México.La fragmentación es en parte una consecuencia del éxito del Gobierno en cazar a los jefes de la delincuencia. El gobierno de Peña Nieto ha “neutralizado” hasta ahora a 99 de los 122 que identificó en 2013.

“El Gobierno ha probado que puede atrapar a los capos”, dijo Alejandro Hope, un analista de seguridad. “(Ahora) necesita demostrar que puede procesarlos y mantenerlos en la cárcel”.

También debe desmantelar a sus organizaciones. Después de decapitar a las bandas criminales, el Gobierno no ha podido confiscar activos ni arrestar a los cómplices más cercanos de los líderes, dijo José Antonio Ortega, de Seguridad, Justicia y Paz, una ONG contra la delincuencia.

Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha llamado a los Estados a establecer “unidades de investigación económica”, que trabajarían con fiscales independientes para encontrar activos criminales como fábricas y camiones.

El sistema anticorrupción

SITUACIÓN • Una reforma judicial, promulgada en 2008 y que debería quedar totalmente implementada para junio, debería hacer a la justicia más equitativa. Reemplazará a los procedimientos criminales a puertas cerradas, en los cuales los jueces ofrecen veredictos con base en declaraciones escritas, con argumentos orales entre fiscales y abogados defensores. La reforma fortalece los derechos de los acusados, incluida la presunción de inocencia, que está inscrita en la Constitución pero a menudo es ignorada en la práctica. Permite a los perpetradores de crímenes menores ser castigados con sentencias diferentes al encarcelamiento.

Si Enrique Peña Nieto desea atrincherar el régimen de derecho, tendrán que ser llamados a cuentas los políticos corruptos, así como los mafiosos armados. Su propuesta para un “sistema anticorrupción” de agencias vigilantes independientes está abriéndose camino en el Congreso.

El propio Peña Nieto ha sido avergonzado por las denuncias de conflicto de interés relacionadas con el financiamiento de la casa de su esposa, aunque una investigación lo absolvió de algún delito. Para que los mexicanos tomen en serio las credenciales de combate a la delincuencia de sus líderes, los políticos tendrán que vigilarse mejor a sí mismos.

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