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Los invitados pasaron en fila frente a una guardia de honor de guerreros shuar, con sus lanzas dentadas de madera de chonta envueltas en los colores nacionales de Ecuador, amarillo, azul y rojo.

La ceremonia en enero marcó una entrega de poder. El rector fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, un historiador educado en Oxford llamado Enrique Ayala, estaba entregando el mando a César Montaño, un profesor de derecho.

Sin embargo, Montaño aún no empieza a ejercer sus deberes. El gobierno dice que su elección viola una regla de que los rectores deben tener doctorado de una universidad diferente a la que encabezan. Montaño ha dejado su lugar a un interino.

La disputa ha atraído la atención hacia la difícil relación entre los círculos académicos ecuatorianos y el gobierno izquierdista del presidente Rafael Correa. Una reforma en 2010, destinada a mejorar la calidad de las universidades y ayudar a los pobres a asistir a ellas, fue una de las políticas más ambiciosas del mandatario. Sin embargo, la disputa con la Andina demuestra que el gobierno tiene más ganas de regular a las universidades que de liberarlas.

LOS CAMBIOS

Correa ha revolucionado las cosas. La Constitución adoptada en 2008 puso fin a las cuotas en las universidades públicas. El gobierno elevó su presupuesto para ellas de 335 millones de dólares en 2008 a 1,700 millones de dólares en 2013, aunque gastó menos. Cerró 14 instituciones de baja calidad con 38,000 estudiantes en 2012 y estableció cuatro nuevas “universidades de clase mundial”, incluida Ikiam, un instituto de ciencias de la vida cerca de la localidad amazónica de Tena, y Yachay, una escuela tecnológica que se supone transformará a Ecuador en una “economía del conocimiento”. Conseguir un lugar en una de esas escuelas es más difícil que entrar en Harvard, ha afirmado Correa. Para permitir a las universidades volverse más selectivas, el gobierno reintrodujo los exámenes de admisión.

La inscripción está creciendo dos veces más rápidamente que la población, se jacta René Ramírez, el secretario de educación superior del gobierno. De 2008 a 2014, la porción de estudiantes que provienen de familias de bajos recursos ha aumentado de 11 por ciento a 25 por ciento.

Sin embargo, sus críticos afirman que, al presionar a favor de universidades mejores y más abiertas, el gobierno las ha sobrecargado de burocracia y recortado su autonomía. Ahora responden a organismos regulatorios que incluyen a representantes ajenos a la universidad. Solo los rectores y representantes estudiantiles son elegidos por el personal docente, los alumnos y el personal. El gobierno puso fin a una larga tradición de decanos de elección, dijo Ayala, y los planes de estudio tienen que estar vinculados al “plan de desarrollo nacional”, según lo interpreten los burócratas.

LOS MENOS FAVORECIDOS

No es poco razonable, responden los defensores de Correa, que el gobierno establezca los objetivos para las universidades de financiamiento público. ¿Por qué deberían los contribuyentes pagar por educar a demasiados abogados?

Una mayor preocupación quizá sea que el dinero se está volviendo más escaso, y parte del mismo está siendo mal gastado. Mientras el gobierno prodiga efectivo a los proyectos consentidos de Correa -el año pasado a algunos decanos en Yachay les pagaron 16,300 dólares al mes-, las universidades menos favorecidas enfrentan recortes. En 2014, el gobierno redujo el presupuesto de las universidades a menos de 1,000 millones de dólares, y es probable que los bajos precios del petróleo obliguen a más recortes. Algunas universidades han despedido a personal y suspendido clases.

Correa planea cancelar el pago de 32 millones de dólares a las tres universidades de posgrados, incluida la Andina, llamándole “fruto de la costumbre y el cabildeo”. Flacso, una de las tres, ha suspendido la construcción de un edificio nuevo.

La Andina, que opera bajo los auspicios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se distingue entre las demás. Montaño dijo que el tratado que estableció a la CAN permite a la universidad seguir sus propias reglas en la designación de un rector. Correa dijo que preferiría renunciar que “permitir este insulto al pueblo de Ecuador”. Poniéndose del lado del gobierno, el consejo de la CAN que supervisa a la Andina ha dado a la universidad una semana para presentar un plan para elegir a un rector.

Correa quizá gane, pero los académicos que aprecian la independencia no olvidarán.

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