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La mitad norte del país, los estados que colindan con Estados Unidos y la región del Bajío al sur de ellos, es el México “norteamericano”, un área de productividad más alta, crecimiento más rápido y niveles mayores de inversión extranjera. Al sur está la provincia “centroamericana” del país, una región más verde dirigida más hacia la agricultura que hacia la manufactura, donde se ubican nueve de los 10 estados con la incidencia más alta de extrema pobreza.

Durante décadas, gobiernos sucesivos han discutido cómo alentar más inversión en el sur y por tanto acercar más a los dos Méxicos. El actual piensa que tiene una respuesta: las zonas económicas especiales.

Las ZEE son áreas geográficamente definidas que disfrutan de menores impuestos o regulación menos exigente que el resto de un país. La intención es promover la inversión en áreas desfavorecidas con incentivos que podrían ser inasequibles, impopulares o innecesarios si se aplicaran nacionalmente. Se usaron por primera vez en Irlanda en 1959, ahora son más de 4,300 en el mundo.

Aproximadamente la mitad, según Abraham Zamora de Banobras, un banco de desarrollo estatal, ha tenido éxito. No está claro aún en qué mitad caerá México. La ley que crea las zonas fue promulgada a fines de mayo, y deberían estar en funcionamiento en 2018.

“Indudablemente constituirán un hito en las políticas públicas para aliviar la pobreza y la desigualdad”, ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, un poco prematuramente. Se pretende que las primeras tres zonas lleven beneficios a cinco estados diferentes. Una es un corredor que se extiende entre Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, a través del istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México. Podría producir una nueva ruta para las compañías que buscan trasladar productos entre el Golfo de México y el océano Pacífico. Las otras están vinculadas a puertos existentes en el Pacífico: Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, al lado de la frontera guatemalteca, y Lázaro Cárdenas, en la frontera entre los estados sudoccidentales de Michoacán y Guerrero.

Economía local

Administradores privados operarán las zonas bajo contratos de 40 años, gestionando la infraestructura dentro de ellas y reclutando inquilinos. Una de sus prioridades será encontrar arrendadores “ancla” capaces de atraer a otros ocupantes de la zona, quizá como proveedores.

Las zonas económicas exitosas tienden a capitalizar las fortalezas de la economía local. Por ejemplo, el cinturón agrícola de la región alrededor de Puerto Chiapas podría estimular las inversiones en la agroindustria. En general, sin embargo, las zonas deben ofrecer tres incentivos a los potenciales inversionistas: exenciones fiscales atractivas, buena infraestructura y una fuerza laboral decente.

Al poner dos de las zonas en puertos existentes, o posiblemente al lado de ellas, el gobierno mexicano está al menos intentando garantizar que la infraestructura no será un problema. Esas zonas no deberían ser frenadas por el aislamiento que ha afectado a planes similares en otras partes.

Exenciones

Las exenciones fiscales quizá sean más un problema. Las ZEE tienen que ser especiales, después de todo, bromeó Gerardo Corrochano del Banco Mundial.

Las de México se beneficiarán de una amplia exención al impuesto al valor agregado, que es del 16 por ciento en el resto del país. Eso debería alentar no solo a las empresas que operen en las zonas, sino también a las que quieran venderles servicios. Sin embargo, los regímenes de impuesto sobre la renta y aduanal siguen siendo confusos. Otra preocupación es que algunos incentivos pudieran ser retirados después de solo ocho años.

Sin más claridad sobre la tributación, dijo el abogado comercial Emilio Arteaga, es difícil ser optimista sobre las zonas.

Desde hace tiempo, México ha hecho un uso inteligente de las exenciones fiscales para estimular el desarrollo. Su régimen de maquiladoras, establecido en los años 60, permite a las empresas importar materiales para manufactura o reparación libres de aranceles, en tanto reexporten el producto terminado. Estas fábricas han podido aprovechar la mano de obra de los campesinos desempleados del país. La ubicación de la enorme mayoría de ellas, cerca de la frontera con Estados Unidos, ayuda a minimizar los costos de transporte. Entre 1980 y 2000, impulsaron la participación del comercio internacional en el PIB de México del 11 al 32 por ciento.

Sin embargo, las nuevas zonas ofrecen un argumento empresarial menos convincente. El gobierno quiere usarlas para reducir la pobreza en la región, pero los inversionistas estarán más preocupados por los rendimientos. Si pueden hacer ambas cosas depende de cuán atractivo sea el régimen fiscal propuesto por la Secretaría de Hacienda.

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