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Quizá haya pocos mejores defensores de los beneficios para Estados Unidos de una economía abierta que Pin Ni, director ejecutivo de la Wanxiang America Corporation, parte de una compañía privada en Hangzhou que su suegro inició como un taller de reparación de bicicletas. Ni lanzó la subsidiaria estadounidense en 1994, suspendiendo sus estudios en la Universidad de Kentucky, y ha estado ahí desde entonces. Durante la crisis de la industria automovilística en 2007-2009, la compañía empezó a comprar a proveedores de autopartes moribundos y a restablecer su salud. Impulsó las adquisiciones concentrándose en sus fortalezas, habitualmente la relación que tenían con los fabricantes de autos y la ingeniería. Les ayudó a conseguir componentes más baratos y a penetrar en el mercado chino. Ni es efusivo sobre las perspectivas para los exportadores estadounidenses. Estados Unidos tiene empresas con tecnología y marcas que son codiciadas en todo el mundo, dijo. Ese optimismo sobre la globalización es demasiado raro en estos días. Ningún candidato en la contienda presidencial de Estados Unidos es partidario del libre comercio. “Si Trump es elegido, será un mandato de aislacionismo”, dijo un curtido observador en un grupo de análisis con sede en Washington. “Si Clinton es elegida, lo mejor que podemos esperar es que no retrocedamos mucho”.

Brexit

Las relaciones comerciales de Gran Bretaña con el resto del mundo están en el aire, tras la votación en el referendo de junio para abandonar la Unión Europea. Francia es hostil a la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por su sigla en inglés), un  propuesto acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Incluso en Alemania, el autodeclarado defensor de las exportaciones mundiales, los políticos están volviéndose contra el acuerdo ante la oposición pública. Se culpa cada vez más a la globalización de los empleos perdidos, la creciente desigualdad salarial y el débil crecimiento del PIB. ¿Cómo deberían responder los políticos? Cerrar las fronteras al comercio, el capital y las personas causaría gran daño y haría poco para abordar las desigualdades en la economía. En ciertos aspectos, las incrementaría. La gente con bajos salarios gasta una proporción mucho mayor de sus ingresos en importaciones que los ricos. Un creciente cuerpo de investigación vincula los males económicos con las economías más oligopólicas. Bloquear las importaciones solo atrincheraría el poder de mercado de las compañías que dominan al propio mercado, perjudicando más a las perspectivas para una productividad y salarios más altos. A medida que se han abierto constantemente las fronteras, no les han seguido el ritmo las políticas necesarias para complementar la globalización, particularmente en Estados Unidos. Necesitan ponerse al corriente. 

Estabilidad

Un buen lugar para empezar es la gestión de la demanda. La estabilidad del mercado laboral depende de las políticas macroeconómicas, no del comercio. En Europa, la política más efectiva sería usar el dinero público para componer a los bancos. Como la política monetaria está excesivamente presionada y los rendimientos de bonos son bajos o negativos, es una vergüenza que los países con espacio para pedir prestado más, notablemente Alemania, parezcan adictos al ahorro. El argumento a favor del libre comercio se ve socavado cuando muchos países en Europa son libres de acumular persistentes superávits comerciales, que son un lastre para la demanda mundial. En Estados Unidos y Gran Bretaña, se puede formular un fuerte argumento a favor de buscar un financiamiento de bajo costo y a largo plazo para financiar un programa para reparar las carreteras deterioradas y arreglar espacios públicos. Los fondos de pensión privados con experiencia en infraestructura tienen un papel que desempeñar en esos proyectos. Los bancos centrales de los países ricos, notablemente la Reserva Federal, pueden permitirse mostrarse más relajados respecto de la amenaza de la inflación. Una economía a todo vapor empieza a atraer a la fuerza laboral a las personas que se pensaba habían sido excluidas para siempre. “A los exconvictos les estaba yendo bastante bien en 2000”, señaló Larry Mishel, del Instituto de Política Económica, un grupo de análisis con sede en Washington.

En suma, los riesgos de poner los frenos con demasiada rapidez superan a los del estímulo estratégico excesivo. La gestión de la demanda es, o debe ser, el elemento básico de la política económica. Curar los males que avivaron la oposición pública a la globalización requiere esfuerzos para abordar otros dos problemas. El primero es la rotación de empleos causada por los cambios en el comercio y la tecnología. Se ha dedicado muy poco esfuerzo y dinero a atender a quienes han resultado perjudicados por la apertura de los mercados. Estados Unidos, en particular, hace poco intento por auxiliar a las personas para encontrar nuevos empleos que reemplacen los perdidos. Es necesario que la ayuda extra no mitigue los incentivos para buscar trabajo. Por ejemplo, los beneficios de desempleo más generosos pudieran ser condicionados a asistir a un programa para regresar a trabajar.

Una crítica válida a los programas de capacitación gubernamentales es que no pueden mantener el ritmo de las demandas rápidamente cambiantes del mercado laboral. Una mejor opción sería un sistema de seguro salarial. Eso estimularía a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades tomando un empleo con menor salario cuando pierden uno bueno. Sin embargo, no tiene mucho caso ayudar a la gente a cambiar de profesión si una falta de dinamismo en la economía significa que se están creando muy pocos empleos buenos. Así que un segundo aspecto de la reforma sería estimular una mayor competencia de manera que las empresas emergentes puedan prosperar y las compañías convencionales se mantengan en alerta. 

Más competencia es un mal argumento de venta cuando muchas personas ya están ansiosas por sus empleos e ingresos, pero sin ella hay menor probabilidad de que se dé el dinamismo que estimule la productividad, impulse los ingresos y cree nuevas oportunidades de empleo. Europa ha sido famosa por sus prácticas restrictivas como las licencias ocupacionales, pero las licencias a nivel estatal en Estados Unidos han proliferado de manera casi inadvertida. Algunas son necesarias, pero la mayoría son simplemente una manera de mantener más altos los precios y restringir el ingreso de los competidores.

Nueva política

La política de competencia necesita volverse más vigorosa. En Estados Unidos, la tasa de empresas emergentes -la porción de los nuevos negocios en la cifra total- ha caído constantemente desde 1980. La mayoría de las industrias se ha concentrado más. Las utilidades de las compañías principales están muy por encima de las del resto. Los tribunales de Estados Unidos han tendido a ver las utilidades inesperadas como la recompensa merecida por la innovación. Se puede decir mucho a favor de trazar de nuevo las fronteras de la propiedad intelectual de manera que las compañías convencionales puedan ser más fácilmente desafiadas. El creciente hábito de las grandes compañías de tecnología de tragarse a las empresas emergentes que pudieran convertirse en rivales es preocupante. Esos acuerdos a menudo convienen a ambas partes -el comprador consigue la innovación y la empresa emergente hace una salida lucrativa- pero la práctica debilita el dinamismo de la economía. A los cazadores de monopolios se les podría dar más discreción al emitir juicios sobre cómo los mercados pudieran evolucionar en el futuro, aunque esto es difícil de hacer bien.

Una agenda triple de gestión de la demanda, políticas activas del mercado laboral e impulso a la competencia haría mucho para abordar los problemas que son injustamente atribuidos a la globalización. Sin embargo, muchas de las políticas para hacer funcionar mejor a la globalización necesitan un acuerdo internacional para ser totalmente eficaces. Por ejemplo, abordar los problemáticos flujos de capital requiere coordinación. Un país quizá pueda desviar las entradas de capital gravándolas, pero solo las dirigiría a otros países que son más renuentes a imponer controles de capital. La mejor vía sería tener un estándar mundial sobre qué tipo de controles son permisibles y en qué circunstancias. El objetivo debería ser asegurar que los países individuales retengan el control sobre su política monetaria.  No solo los candidatos rechazan los acuerdos

Una forma de poner un límite de velocidad a los flujos de capital a corto plazo es requerir que los administradores de activos mundiales enlacen a los inversionistas a fondos que se especialicen en mercados frontera o emergentes menos líquidos. Los flujos de capital a largo plazo son generalmente más benéficos, pero perderán apoyo público si son vistos principalmente como una forma de evadir impuestos. Hay pocas reglas internacionales sobre la tributación impuesta a empresas transfronterizas, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha empezado a trabajar en ello. 

Dani Rodrik de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, argumenta que una buena forma de crear apoyo público para la globalización sería vincular los pactos comerciales con acuerdos sobre, por ejemplo, la tributación de las compañías multinacionales. Ese acuerdo daría a los gobiernos nacionales más, en vez de menos, autonomía en sus políticas.

El debate sobre el libre comercio

ACUERDOS•  Los escépticos dicen que cuando se firman los acuerdos comerciales, se da poca atención a quienes pierden ante la globalización. Ese es un buen punto, pero también existe un riesgo del error contrario: que el enorme bien que ha hecho el libre comercio a la mayor parte de la humanidad en los países ricos y pobres a lo largo de varias décadas sea olvidado en los momentos en que la gente se siente ansiosa por ello. Los beneficios de la globalización están ampliamente dispersos, a menudo no se ven y, por tanto, es demasiado fácil darlos por sentados. Hay una tendencia equivocada a mezclar el apoyo por el internacionalismo liberal con promover los intereses de las grandes empresas en detrimento de los menos ricos. La verdad es lo contrario.

The Economist empezó en 1843 a hacer campaña a favor del libre comercio en general y, en particular, a favor de derogar las Leyes del Maíz de Gran Bretaña, que aumentaron el precio del grano importado para ventaja de los terratenientes. Richard Cobden, el fabricante que encabezó la campaña contra las Leyes del Maíz, declaró que la principal barrera para la derogación era el propio interés de las clases terratenientes, “la oligarquía que grava el pan, carente de principios, sin sentimientos, rapaz y saqueadora”. Cobden argumentaba que el libre comercio tendría cuatro beneficios: apuntalaría el éxito del sector manufacturero británico al ofrecer acceso a mercados más grandes. Reduciría el precio de las importaciones, notablemente de los alimentos, para las clases más pobres. Haría a la agricultura inglesa más eficiente al crear más demanda de sus productos en las ciudades y en las regiones manufactureras. Finalmente, anunciaría una nueva era de paz y concordia internacional al fomentar un comercio que sería benéfico para todos los países que tomaran parte.

En contraste con la caricatura popular, los partidarios del libre comercio son enemigos de quienes están tratando de proteger sus privilegios económicos. James Wilson, fundador de The Economist, dijo de las Leyes del Maíz: “Son, de hecho, leyes aprobadas por el vendedor para obligar al comprador a darle más por su artículo de lo que vale. Son leyes promulgadas por los tenderos nobles que nos gobiernan, para obligar a la nación a comprar solo en su tienda”. Lo que Cobden y Wilson argumentaron en el siglo XIX se sigue sosteniendo. El libre movimiento de productos, capital y personas a través de las fronteras es una fuente de mayores opciones y oportunidades para aquellos a ambos lados del comercio. Lo que da a estos argumentos su fuerza y poder de permanencia es que resulta que son ciertos. 

 

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