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Desde que la Policía mató a su marido y a su hijo, Sally Antonio acumula los empleos. Está agotada, como muchas viudas filipinas condenadas a la miseria por la guerra sangrienta contra la droga.

La campaña lanzada en junio pasado por el presidente Rodrigo Duterte para erradicar las redes del narcotráfico ha causado más de 6,500 muertos. Los familiares son las víctimas olvidadas de esta represión calificada de "guerra contra los pobres" por los defensores de los derechos humanos.

Sally Antonio, de 43 años, perdió a su hijo de 19 años (cuyo salario de camarero era esencial para la economía familiar) y a su marido, desempleado. La Policía los mató hace seis meses durante una redada antidroga en su casa.

"Cuando mataron a mi hijo y a mi marido, me mataron a mí también", declara a la AFP esta mujer, obligada a bregar con tres trabajos para alimentar a cinco hijos y a un nieto.

Hay días, cuenta, que solo duerme dos horas. Trabaja como lavandera, mensajera y portera.

"A veces estoy tan agotada que las manos me duelen mucho, tengo que dejar de trabajar uno o dos días", afirma rompiendo a llorar. "Tengo que pedir dinero prestado a mis vecinos y racionar la comida".

Su hija de 18 años estudiaba psicología, pero tuvo que dejar la universidad para ocuparse de sus hermanos pequeños.

Lo que más preocupa a Sally es no poder pagar los medicamentos de su hijo de 11 años, aquejado de una enfermedad cardiaca.

Versiones contradictorias -Un agente antidrogas filipino muestra la droga conocida como "shabu"-

"Estoy furiosa". "¿Por qué mataron a mi marido y a mi hijo y sacrificaron a nuestra familia?". 

Ella reconoce que su marido consumía droga. Pero —añade— formaba parte de un programa de vigilancia de toxicómanos instaurado por las autoridades y no era traficante. Su hijo no tenía nada que ver con la droga, solo suplicó a los policías que no hicieran daño a su padre, asegura Sally.

El informe policial consultado por la AFP sostiene que los agentes se vieron obligados a abrir fuego tras ser blanco de disparos durante una operación antinarcóticos. Sally Antonio, que ha pedido ser citada bajo un pseudónimo por miedo a represalias policiales, niega que su marido y su hijo opusieran resistencia.

Las fuerzas de seguridad afirman haber matado en ocho meses a más de 2,500 toxicómanos o traficantes en legítima defensa. Más de 4,000 personas murieron en circunstancias turbias.

Los defensores de los derechos humanos acusan a los policías de inventarse esta legítima defensa. Amnistía Internacional no descarta que sean culpables de crímenes contra la humanidad.

Duterte ganó las presidenciales prometiendo erradicar el tráfico de droga y matar a miles de personas. Aunque llegó a decir que le haría "feliz masacrar" a tres millones de toxicómanos, asegura que la Policía no tiene orden de cometer actos ilegales. 

Según Amnistía, las principales víctimas son los habitantes de los barrios pobres, y a menudo los hombres, que suelen ser el medio de sustento familiar.

Una “guerra contra los pobres”.Impacto psicológico

"Estas muertes dejan a las familias en situaciones financieras todavía más precarias (que antes), los parientes que sobreviven se amargan porque ven que el primer blanco de las autoridades son los pobres", escribió la oenegé en febrero.

Unos comentarios que enfurecieron al presidente Duterte, quien acusa a los pequeños traficantes "de ganar mucho dinero" y desempeñar un papel crucial en las redes de distribución. "Poco importa que seáis el mayor traficante de droga o el más pobre, todos conspiráis para destruir al pueblo", soltó recientemente.

La Iglesia católica ayuda psicológica y financieramente a las familias.

Dennis Febre, al frente un programa de ayuda en una iglesia de Manila, opina que los asesinatos de sospechosos generan más problemas de los que resuelven: "Los que se quedan también venden droga o se prostituyen porque es un tema de supervivencia".

Una iglesia de Manila dio empleo a Rose Maninggo, de 25 años, después de que su marido, un vendedor de mangos, muriera asesinado en enero.

Pero ella no sabe cómo hará para alimentar a sus dos hijos cuando este trabajo, por el que cobra el equivalente a nueve euros diarios, termine dentro de dos meses. El impacto psicológico es tremendo. "No me siento en seguridad. Sueño con mi marido tendido en mares de sangre que me pide justicia. Estoy preocupada por mis hijos, quiero que estén en seguridad", afirma Maninggo (nombre ficticio).

A Sally Antonio le duele que sus hijos crezcan sin padre. "No es solo la pérdida financiera, echamos de menos su papel de guía, su atención. Eso es irremplazable".

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