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La crisis política de Brasil no encuentra piso: en solo 14 meses cayó una presidenta, su sucesor tambalea acusado de cometer un crimen común, y Lula, el hombre que puso al país en el tablero mundial, fue condenado a casi 10 años de cárcel.

En este tiempo de caos, los ciudadanos de la mayor economía de América Latina desconocen si irán a las urnas en 2018, si tendrán en cambio un presidente interino por seis meses o si el Congreso elegirá al próximo mandatario en una elección indirecta.

Desde el miércoles, tampoco saben si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que lidera los sondeos de intención de voto, podrá postularse nuevamente tras ser condenado a nueve años y medio de reclusión por corrupción y lavado de dinero, por el juez Sergio Moro, ícono de la cruzada anticorrupción que vive el país. Lula es el primer exmandatario en recibir una condena por un delito común y Michel Temer, el actual presidente, es el primero en funciones en ser acusado con el mismo cargo.

“Brasil está preso en el presente. No conseguimos imaginar el futuro porque no tenemos elementos suficientes para hacer un análisis coherente y determinar qué podría pasar a mediano plazo. Apenas conseguimos ver el corto plazo. Es como intentar prever el resultado de una guerra, no hay cómo hacerlo, hay que ver batalla por batalla”, dijo a la AFP el cientista político Everaldo Moraes, de la Universidad de Brasilia.

Ese día a día muestra al presidente conservador Michel Temer contra la pared. 

Sucesor de la izquierdista Dilma Rousseff (2010-2016) tras un proceso de impeachment, Temer fue acusado de recibir un soborno y ahora la Cámara de Diputados, con decenas de legisladores investigados, decidirá si envía el caso a la Corte Suprema o lo archiva.

‘A golpes de Lava Jato’

Si el caso avanza y Temer pierde su cargo, Brasil habrá tenido tres presidentes en un año y medio. Entre tanto, muchas leyes y normas han sido reescritas al ritmo de los procesos político-jurídicos y de las conveniencias políticas mayoritarias.

Y el gran motor de la agenda política ha sido y es la Operación Lava Jato, la investigación que reveló la cenagosa financiación de los partidos políticos y su relación tras bastidores con el poder económico. 

Desde que se desvendaron los desvíos de fondos públicos de la estatal Petrobras, Brasil se mueve “a golpes de Lava Jato”, había dicho ya el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) en la antesala del impeachment de Rousseff.  

Para el cientista político Michael Mohallem, hay un choque entre una forma atávica de hacer política y un funcionamiento inédito de la justicia.

“Las instituciones brasileñas de investigación comenzaron a funcionar de una manera diferente y hay un choque claro entre las prácticas intrínsecas de la política, que se hacen de esa manera desde hace décadas, quizá desde siempre, y ese cambio. Por primera vez, la Policía Federal, la Fiscalía General y los jueces pasaron a tener instrumentos, autonomía para combatir los esquemas de corrupción, dijo. 

Moraes coincide en que la élite local se está debatiendo para adaptarse al nuevo juego.

“Estaban acostumbrados históricamente a tener un blindaje y Lava Jato perforó ese blindaje (...) Desde el punto de vista político, ya todos fueron condenados por la opinión pública”, señaló.

¿Y el futuro?

Con todas esas incertidumbres del presente, las elecciones de 2018 aparecen como un horizonte difuso.

Temer lucha contrarreloj por sobrevivir y apuesta a su alianza con el Congreso. 

Mientras tanto, las intrigas sobrevuelan Brasilia desde que la Fiscalía General dividió su denuncia en tres partes y puso en jaque al jefe de Estado. Si sortea la primera, aún podría tener que enfrentar otras dos: por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.

“La continuidad de Temer está vinculada a la gravedad de esas denuncias que el Ministerio Público [Fiscalía] hará en los próximos meses o semanas. Creo que superará la primera, pero no las siguientes porque su desgaste será muy grande”, dijo Emerson Cervi, cientista político de la Universidad Federal de Paraná.

Lula, condenado por haber recibido un apartamento tríplex de una constructora a cambio de futuras ventajas en los contratos con Petrobras es quizá la figura que mejor condensa el 2017 de Brasil: reúne el mayor apoyo y el mayor rechazo entre los precandidatos presidenciales.

“Hay una necesidad de renovación, pero nadie sabe cómo hacerlo (...) la política está a la espera de lo que ocurra con Lava Jato, nuevas delaciones, pruebas, denuncias. Quedó en modo de espera”, dijo Moraes. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.

“Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego”, aseguró en tono combativo Lula, un día después que Sergio

Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.

Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una “cacería” judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la toalla.

“A partir de ahora, voy a reivindicar del PT [Partido de los Trabajadores] el derecho de postularme a la candidatura de 2018”, declaró el exmandatario (2003-2010) aclamado por sus simpatizantes.

El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y solo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.

Lula encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano, dado que es tanto el favorito para los comicios de 2018 como el político con mayor rechazo entre los precandidatos: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.

Un punto para Temer

Sin embargo, ni siquiera está claro si Brasil celebrará sus elecciones previstas en octubre de 2018. La presidencia de Temer se vio fragilizada después que el jefe de Estado fuera grabado dando su aparente aval al pago de un soborno. 

La Fiscalía General lo denunció por corrupción y su futuro está en manos de la Cámara de Diputados.

Pero el mandatario se anotó el jueves un punto, cuando la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara votó contra la recomendación de enviar el caso a la Corte Suprema para examinar si cabe juzgarlo.

El informe debe ser votado aún en el plenario de la Cámara de Diputados, donde Temer tiene en principio mayoría.

Pero nadie pierde de vista que el fiscal general se guardó otras dos denuncias en la manga.

El FMI alerta 

Temer promulgó el jueves la reforma del código laboral, que flexibiliza las normas de contratación y da primacía a los acuerdos por empresas sobre las leyes. Esa reforma integra un paquete de ajustes con los que Temer espera recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de la recesión.

Temer reivindica en sus catorce meses de gobierno el control de la inflación y el inicio de la recuperación económica.

En el primer trimestre de este año, el PIB brasileño creció un 1% respecto al trimestre anterior, rompiendo una racha de ocho trimestres sucesivos de contracción.

El FMI tomó nota de esa evolución y elevó de 0.2% a 0.3% su proyección de crecimiento de la mayor economía latinoamericana este año, aunque rebajó de 1.7% a 1.3% las de 2018.

La institución financiera multilateral alertó además sobre los riesgos de la inestabilidad política.

“La profunda recesión de Brasil parece estar cerca del fin”, pero “el aumento de las incertidumbres políticas arroja una sombra sobre las previsiones”, señaló.

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