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España vive con incertidumbre las últimas demostraciones de fuerza de los independentistas catalanes y el Gobierno regional de Catalunya que se disponen a celebrar un referéndum de autodeterminación unilateral el próximo 1 de octubre. El Gobierno español asegura que esta votación no se va a celebrar porque queda fuera de la Constitución española y la mayor parte de las fuerzas no independentistas de la oposición catalana han pedido la no participación. Sin embargo, el pasado 11 de septiembre -día de la fiesta nacional de la región catalana, “la Diada”-, un millón de catalanes (según cifras de la policía) se manifestaron de forma pacífica por las calles de Barcelona, capital de Catalunya (7,5M habitantes), a favor de la secesión y reivindicando las urnas.

En el marco del conocido como “proceso soberanista catalán”, que arrancó en 2012, este ha sido el sexto año consecutivo que una parte muy significativa de la población catalana se ha movilizado, con motivo de la Diada, a favor del referéndum y de la independencia. Sin embargo, el Gobierno español ha considerado la de este año como una de las manifestaciones menos numerosas y mantiene que este plebiscito no cabe en la legalidad española vigente. Asimismo, los catalanes reivindican que el referéndum sí cabe en la nueva legalidad catalana. El Parlamento regional catalán, a través de la mayoría absoluta que tienen las fuerzas políticas independentistas (72 de 135 escaños) aprobó en la última semana las leyes para la celebración formal de un “referéndum de autodeterminación” y pretenden realizarlo de forma unilateral. Consideran que las vías para conseguir el referéndum acordado a que creen tener derecho, como el que el Reino Unido pactó con Escocia en 2014, se han agotado.Los catalanes mantienen su identidad dentro del contexto expañol.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha rechazado en múltiples ocasiones la celebración de un referéndum sobre este tema por ser “ilegal” y por “atentar” contra la “indisoluble unidad” del Reino de España que promulga la Constitución española. De hecho, esta misma semana, tras el requerimiento del Gobierno central, la convocatoria y las leyes catalanas del referéndum han quedado suspendida por el Tribunal Constitucional español. 

Por el momento, la Fiscalía española se ha querellado contra todo el gobierno regional y contra centenares de cargos públicos de la Administración catalana y ha citado a declarar a los alcaldes proreferéndum de la región. A los directores de los medios de comunicación públicos catalanes se les ha prohibido “informar” sobre cualquier tipo de preparativo del referéndum. La Fiscalía también ha ordenado a la Policía catalana la incautación de todo tipo de material para la consulta así como requisar urnas, sobres y papeletas electorales el día de la supuesta votación. Por su parte, el Gobierno catalán ha dicho que no duda que el jefe de su Policía va a cumplir con la legalidad catalana, aprobada por un Parlamento regional que ya se considera soberano. Hasta ahora ha sido la Policía española la que ha registrado una imprenta y la redacción de una revista sospechosas de imprimir papeletas de voto. La polémica estos días no cesa porque, además, un juez ha prohibido un debate académico sobre los referendos y el derech
o a la autodeterminación en Madrid.

La Justicia española podría penalizar a las autoridades catalanas por desobediencia, por prevaricación e incluso por malversación de caudales públicos. Además, el Gobierno central siempre dispondría del Artículo 155 de la Constitución que permitiera la supresión de la autonomía de Catalunya, un último recurso muy drástico que Rajoy se resistiría a usar hasta el final por la mala propaganda internacional que tendría.

Rajoy ha declarado que “no habrá referéndum” y ha prometido que hará todo lo necesario para mantener la unidad de España y hacer cumplir la Constitución. Como réplica, el presidente del Gobierno de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dicho que la única forma que tendrá España de impedirlo será abriendo un diálogo sobre el tema y negociando un referéndum acordado, como pide la sociedad catalana desde 2012. Los catalanes estarán abiertos a propuestas “hasta el último minuto”, ha prometido el líder independentista. A pesar de las prohibiciones, Puigdemont afirma que su Gobierno está “a punto” para organizar el referéndum definitivo que sirva para culminar el proceso independentista que ya lleva años en marcha.

El parlamento catalán aprueba la ley del referéndum de secesión de España

Aunque el grado de movilización es muy superior en el lado independentista, todos los sondeos apuntan que si se celebrara el hipotético referéndum acordado con el Estado español y este fuera vinculante los resultados estarían muy ajustados. Ahora mismo la población está dividida a partes iguales entre los que quieren la independencia y los que no. De todos modos, entre los no independentistas hay quienes quieren mantener su estatus de relación con España y hay colectivos que reivindican más autonomía dentro del Estado español.

Catalunya, una de las regiones más ricas de España ubicada en el nordeste de la Península Ibérica, es una de las naciones históricas que conforman el Estado español (a pesar de que no lo reconozca explícitamente la Constitución) y desde hace siglos su sociedad mantiene vivo un idioma propio, el catalán, unas tradiciones culturales y una identidad particular.

Las relaciones entre el Gobierno de la región y el Gobierno de España fueron cómodas hasta que en 2006 el Tribunal Constitucional recortó el Estatuto de Autonomía que regula las competencias que tiene este Gobierno regional. La polémica medida indignó a una parte relevante de la población y reavivó los anhelos históricos de independencia. Muchos ciudadanos consideran que las tasas que tienen que pagar a Madrid son excesivas, entre otras diferencias políticas. Significativamente, el partido que gobierna en España (Partido Popular) es tradicionalmente de los minoritarios en el Legislativo catalán, prueba de que la cultura política de los dos territorios es distinta.

Durante este proceso independentista en el que los catalanes han reivindicado sus aspiraciones de autonomía frente al Estado español y han ido aumentando sus pretensiones de independencia ya se llegó a celebrar un intento de referéndum. En 2014 se convocó uno que el Gobierno español también prohibió. En aquella ocasión el Gobierno catalán acató la suspensión y celebró simplemente una consulta simbólica sin ninguna implicación de carácter vinculante. Este 1 de octubre los independentistas esperan que el desenlace sea distinto.

Se presentan unos días de gran tensión e incertidumbre en el Estado español, puesto que a pesar de todas las medidas y prohibiciones impuestas desde Madrid, los líderes políticos catalanes se disponen a iniciar la madrugada de este jueves la campaña electoral del referéndum del 1 de octubre, con total normalidad y formalidad. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de España y sus mecanismos judiciales para detener este movimiento en marcha. De hecho, el voto por correo para los catalanes que residen en el extranjero ya se ha abierto. El referéndum, aseguran desde el Gobierno catalán, ha empezado.

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