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“No me voy. Pase lo que pase, no me voy a ir”, asegura Belinda Osorio, una hondureña que reside legalmente en Estados Unidos hace casi dos décadas gracias al permiso temporal TPS que el gobierno de Donald Trump amenaza con terminar.

“No llevaré a mi familia a un país peligroso”, añade con convicción.

En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, Belinda teme que su hijo de 14 años sea reclutado por las pandillas. Además, allí no tiene trabajo, ni casa, ni nada.

En Estados Unidos, adonde emigró indocumentada hace 26 años, construyó una vida tras acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS), que el Congreso estadounidense creó en los años 1990 para amparar a quienes por desastres naturales o conflictos armados no pueden regresar de manera segura a sus países.

“En estos años hemos pagado hipoteca, impuestos, criado a una familia. Tenemos una vida aquí”, afirma Belinda, empleada del parque de diversiones Walt Disney World, en Orlando (Florida).

Esa vida, sin embargo, está marcada por la incertidumbre desde el lunes, cuando el gobierno estadounidense renovó el TPS para Honduras solo hasta el 5 de julio de 2018, a fin de reunir más información para tomar una decisión final y sin descartar poner fin al beneficio.

“Estamos en el limbo”, resume con dolor Belinda. “Mi esperanza es un cambio de legislación con una solución permanente para todos los destinatarios del TPS”.

“Yo no vuelvo ” 

Su anhelo es compartido por los 300,000 centroamericanos y haitianos que temen quedar desamparados en los próximos meses.

Nicaragua, que como Honduras obtuvo el TPS en 1999 tras el devastador huracán Mitch, de hecho ya no lo tiene. El lunes el gobierno de Trump dijo que para el 5 de enero de 2019, todos los nicaragüenses con TPS deberán buscar un estatus migratorio legal alternativo u organizar su partida.

Haití podría ser el próximo en perder el beneficio, otorgado luego del mortal terremoto en 2010. 

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe pronunciarse el 22 de noviembre, 60 días antes de que venza la prórroga vigente. En mayo, al anunciarla, las autoridades alentaron a los haitianos a prepararse para volver a casa. 

Los salvadoreños bajo el TPS, en vigor desde 2001 luego de dos potentes terremotos, también observan con inquietud su futuro. Su permiso expira el 9 de marzo de 2018. 

“Yo no vuelvo”, afirma a la AFP Sandra, quien prefiere no dar su apellido porque tiene miedo. 

Esta salvadoreña lleva 16 de sus 28 años en Estados Unidos. 

Con su esposo, también “tepesiano”, se gana la vida cosechando frutas y verduras en Desert Shores, una pequeña localidad en medio del desierto californiano. 

“Esto nos cayó como un balde de agua fría. Tenemos dos hijos pequeños, nacidos aquí, no tienen idea de lo que está pasando”, dice.

Unos 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos y 2,550 nicaragüenses están registrados actualmente bajo el TPS. Más de 270,000 estadounidenses son hijos de uno de ellos.

Solución permanente

Los beneficiarios del TPS reconocen el carácter temporal del estatuto. Pero reclaman su derecho a permanecer en el país que los acogió, y en el que han cumplido con sus obligaciones y tenido hijos que no conocen otra patria. 

“Necesitamos reducir la ansiedad en sus vidas y realmente presentar una solución permanente y solo el Congreso podría hacer eso”, opina Royce Murray, del American Immigration Council, un grupo experto en temas migratorios.

El TPS, que el DHS puede renovar por períodos de seis a 18 meses si considera que la realidad en los países designados así lo amerita, no es una vía para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía. 

Como Belinda, Murray participó esta semana en un panel organizado por America’s Voice, una ONG que aboga por una reforma migratoria en Estados Unidos. En ese foro, Randy McGrorty, que brinda servicios legales en la Arquidiócesis de Miami, donde se concentra la diáspora de Haití, llamó a reconocer las contribuciones de los titulares del TPS con legislación que los proteja.

“Hemos visto haitianos en Estados Unidos tratando de buscar asilo en Canadá. Merecen un sentido de pertenencia”, dice. Dan Restrepo, exasesor del presidente Barack Obama en temas de seguridad nacional, recuerda que Washington impulsa una estrategia de promoción del desarrollo con Centroamérica, que incluye a Honduras y El Salvador, para frenar la migración a Estados Unidos, que podría verse comprometida con deportaciones masivas. 

“¿Queremos trabajar con estos países o hacer algo que los desestabilice aún más?”, se pregunta, al recomendar “muy encarecidamente” una extensión del TPS por 18 meses para las decenas de miles de personas en la misma situación que Belinda.

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