* Desde vehículos de lujo, hasta contratos de rozadores de monte y compras de papelería * Instituciones, ministerios, entes autónomos y otros, han hecho “trámites de urgencia” * En vez de compras para proyectos, le mandan a solicitar que les “excluyan” el proyecto entero

Las exclusiones de procedimientos y contrataciones directas que ha recibido el Estado de Nicaragua, encabezado por el gobierno que preside Daniel Ortega, sumaron casi 9 mil millones de córdobas, de enero de 2007 a diciembre de 2009, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República, CGR, en manos de este medio de comunicación.

Los números de las exclusiones aprobadas por la CGR superaron los C$ 3,500 millones en 2007 y los C$ 3,300 millones en 2008, pero en 2009 disminuyeron debido a las publicaciones de EL NUEVO DIARIO, que revelaban la enorme discrecionalidad que el ente fiscalizador brindaba a la Administración de Ortega, con C$ 7,100 millones aprobados para contratarse sin licitación, en dos años y dos meses.

Sin embargo, las amplitudes que otorgaron los colegiados fueron considerables en 2009, pues los documentos revelan que desde la contratación de un jornalero que corte la maleza que rodea un edificio público, hasta un proyecto de más de 16 millones de dólares, figuran entre la extensa lista de solicitudes de compras y contrataciones de servicios públicos aprobados por la CGR en 2009.

“No hubo gran variante en nuestro actuar como Contraloría, lo único que hicimos fue mandar a licitar lo que se podía licitar y dar el aprobado (de exclusión) a lo que irremediablemente debía contratarse de esta manera”, dijo el ahora presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, al consultarle por la notable disminución en los números.

De acuerdo con un listado de las Contrataciones del Estado que detalla el mes a mes en las contrataciones de 2009, al que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, la organización y planificación de las instituciones públicas está cada vez más supeditada a la autorización del ente fiscalizador para compras con exclusiones de procedimientos, es decir, compras directas sin licitación.

Casi C$ 9,000 millones en tres años
La información indica que en todo 2009, los colegiados aprobaron un mil 914 millones 832 mil 238 córdobas para ser contratados sin proceso de licitación, los cuales sumados a los 7,011,000,00 córdobas, de 2007 y 2008, arroja un total de 8 mil 925 millones 832 mil 230 córdobas en tres años.

De ese monto total del año pasado, el grueso se hizo en los primeros seis meses de 2009 --enero a junio--, cuando la CGR autorizó, entre compras directas y exclusiones de procedimiento, la suma de un mil seis millones con 331 mil de córdobas (1,006,331,000) y casi veinte millones de dólares (19,694,658).

Entre las autorizaciones de la Contraloría contenidos en el citado listado, se observa que las instituciones estatales, incluyendo poderes del Estado e instituciones del Gobierno Central que preside Ortega, recurren a la CGR en casos de compras simples, como papelería por montos inferiores a 10 mil córdobas o canastas navideñas, hasta proyectos completos de obras de infraestructuras bajo la modalidad de contratación directa.

La Cancillería otra vez
Tal es el caso de la aprobación de la CGR para que la Cancillería contratara directamente la compra de juguetes para repartirlos en Navidad de 2008 a los hijos de los empleados de esa dependencia, que provocó serias críticas de diversos sectores, que afirmaron que la entidad fiscalizadora entregaba exclusiones como papeletas, pero que se repitió el año pasado.

La misma Cancillería recibió el ok del ente fiscalizador de una exclusión para la “contratación de Suministro de Víveres para la elaboración de Canastas Navideñas para el personal y usuarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, fechado en enero de 2009, para las compras navideñas de ese mismo año, por 53 mil 716 dólares.

Es decir, que al igual que ocurrió cuando pidieron no licitar para los juguetes y que había 12 meses de tiempo para hacerlo, con el carácter de urgencia que establece la Ley de Contrataciones, solicitaron la contratación directa del servicio y se les dio nuevamente el aprobado.

“Puede que fallemos en ciertos casos por no ser tan rígidos, pero no pueden decir que las damos como papeletas”, replicó Argüello Poessy.

Otros casos destacados entre la lluvia de peticiones al ente “fiscalizador” fue el proyecto “Mejoramiento de Pista del Aeropuerto Puerto Cabezas, Bilwi, Segunda y Tercera Fase”, concedido a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, cuyo costo total asciende a la fuerte suma de 16 millones 660 mil 930 dólares.

Toda una obra de infraestructura cuya solicitud de “exclusión de procedimientos” se solicitó el 16 de noviembre de 2008 y fue autorizada por la CGR a operar bajo esa modalidad de no licitación el 9 de enero de 2009, en la resolución de Exclusión de Procedimiento 603-2008.

Los carros
Bajo esa misma modalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Consejo de Contralores una exclusión para adquirir cinco vehículos cuyo monto global alcanza los 199,999 dólares.

Los automotores serían asignados a las embajadas de Perú, República Dominicana, Honduras, Rusia y el Vaticano.

La flota vehicular que entonces adquirió Cancillería fue asignada, entre otras embajadas, a Rusia, Honduras, el Vaticano y Perú. De este último país, el embajador es Tomás Borge Martínez, el legendario guerrillero del FSLN, a quien en 2007 le fue asignado un vehículo de manufactura alemana de 26,990 dólares.

Argüello Poessy, el colegiado con el período vencido desde febrero de este año, explicó que en el caso de los vehículos que se compran para las sedes diplomáticas de Nicaragua en el exterior, no hay otra salida más que la exclusión de procedimientos.

“¿De qué manera podés licitar en Nicaragua la compra de un carro para la embajada nuestra en México? Es imposible, no hay manera de hacerlo, y es una de las múltiples debilidades que tiene la actual Ley de Contrataciones, porque eso no se puede hacer”, indicó.

Entre otras cosas, en la lista de proyectos a contratarse y compras por ejecutarse, sólo en enero se anotaron 11 proyectos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, por más de 40 millones de córdobas en contrataciones directas. Otros 12 proyectos más se dieron bajo contratación directa en ese semestre.

Otras empresas que han hecho de la contratación directa y de las exclusiones de procedimientos una norma a la excepción, son la Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral, MTI, Ministerio Agropecuario y Forestal con su programa Hambre Cero, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ENEL y universidades públicas, como la UNAN-Managua y la UNI, el Ministerio de Gobernación, la Empresa Portuaria Nacional, EPN, el Instituto de Desarrollo Rural, IDR, la Empresa de Transmisión Eléctrica, Enatrel, la Lotería Nacional y la Corporación de Zonas Francas, como las que más obtuvieron aprobados de la Contraloría.

Los inverosímiles
Pero hay casos más inverosímiles que manifiestan la falta de capacidad de organización del Estado en el manejo de los recursos públicos, como el caso del IDR, que en mayo de 2009 pidió trámite de compra directa por 1,671 córdobas para una impresora y cerca de 1,780 córdobas en servicios de limpieza para terrenos montosos.

O situaciones como los contratos de publicidad de la Lotería Nacional, que de acuerdo con el detalle de las exclusiones aprobadas, se le dio el visto para 121 contratos de esa entidad de la suerte con radios capitalinas, así como empresas de cable del Centro y Norte del país, así como personas particulares para transmitir cuñas o anuncios de los diversos sorteos y promociones al público.

Fue así que la Lotería contrató directamente a Radio Segovia del 23 de abril de 2009 al 22 de mayo de ese año, para transmitir cuñas publicitarias por un monto de 800 córdobas. Esa exclusión de procedimientos fue la 625 y corresponde a los contratos de agosto de 2009.

Otro de los contratos directos aprobados fue el de Televisión Cable, de Jinotega, por un monto de 600 córdobas, pero también hay de sumas considerables como el contrato de 600 mil córdobas otorgado por la Lotería a un ciudadano de nombre Frank Donald Vado Amador, por “perifoneo de los productos de Lotería Nacional del 01 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010”.

“No recuerdo haber visto una exclusión con tales montos (los pequeños), eso debe ser el desglose de una compra derivada de un monto general, porque aunque la ley no habla de montos al momento de la exclusión solo cuando se trata de licitaciones, pues no nos vamos a poner a ver contratos con esas cifras, sería ridículo”, explicó Argüello Poessy.

CGR no quiere tener más esa responsabilidad
Los contralores colegiados por separado se han encargado de clamar que les liberen de la responsabilidad de aprobar o denegar exclusiones de procedimientos, pues estiman que es un proceso difícil que debería corresponder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no a ellos, que son los fiscalizadores del buen uso de los recursos del Estado.

Argüello Poessy se ha reunido en más de una ocasión con la Comisión Económica del Parlamento que discute una nueva ley de contrataciones estatales, y les ha dicho que deberían otorgar al Ministerio de Hacienda el que debe aprobar las exclusiones de procedimientos.

“Una de dos: o reforman la Ley de Contrataciones quitando de ella una serie de absurdos o procedimientos obsoletos, ridículos o nos quitan a la Contraloría esa responsabilidad que tanto nos ha pesado por las constantes criticas de los medios de comunicación y otros sectores”, dijo el presidente inconstitucional de la CGR. “Cambien la Ley (323)”, ha dicho airado el colegiado orteguista Luis Ángel Montenegro, cuando ha hablado del tema.

“Lo que a nosotros nos corresponde constitucionalmente es hacer auditorías, revisar si se invirtió bien el dinero (y) no estar decidiendo, sobre todo cuando no tenemos el equipo suficiente para verificar si es cierto o no es cierto una condición, en una institución del Estado, si damos o no damos exclusión de procedimientos”, manifestó en un momento el ahora ex contralor Lino Hernández, quien estimó que Hacienda es el más indicado para aprobar tales peticiones.

Ha sido tan común el trámite de estas exoneraciones de gestiones, que los colegiados emitieron una Circular Administrativa números 001-2010, emitida en enero de este año, en la cual se orientó a todos los poderes del Estado, ministerios y entes descentralizados, a cumplir con su obligación de publicar sus Programa de Adquisiciones y Compras de servicios, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323.

Sin embargo, la misma Ley parece haber quedado en papel mojado, cuando en lo que va del año, la misma CGR ha ordenado exclusiones de procedimientos a las mismas instituciones del Estado que desde 2007, a la fecha, siguen obviando las licitaciones de rigor.

Las consecuencias de las exclusiones
La ausencia de procesos de licitación pública y la excesiva aprobación de exclusiones de procedimientos de parte de la CGR, han provocado abusos de parte de algunas entidades entre las que destaca el Consejo Supremo Electoral, CSE, presidida por el polémico Roberto Rivas Reyes.

El caso más reciente se descubrió en marzo de este año, cuando de la misma Contraloría se informó de anomalías en la exclusión de procedimientos que había solicitado Rivas Reyes por C$ 5.4 millones para la adquisición de maletas electorales que se usaron luego en las Elecciones Regionales del Caribe nicaragüense.

El magistrado solicitó a la CGR la aprobación de la exclusión de procedimiento para la compra de las 330 mil boletas electorales y materiales para las maletas que serían enviadas a las Juntas Receptoras de Voto (JRV). El monto que solicitó Rivas fue de C$ 5.4 millones.

Sin embargo, para las razones solicitadas, Rivas reveló que sólo utilizaron 194 mil 683 córdobas con cincuenta centavos en el pago de las 330 mil boletas.

Rivas indicó que el dinero que no usó en la elaboración de las maletas, lo empleó en el proceso de verificación del Caribe, el cual se dio el año pasado, y la exclusión la aprobaron los colegiados en enero de este año.

“¿Que si había valijas en las bodegas? Hombré, sí había, porque después de cada elección queda material en las bodegas que nosotros vemos, lo revisamos, lo analizamos a ver si se puede utilizar y se usó”, dijo Rivas, sin que hasta la fecha se sepa del destino del resto del dinero.