* Director de Migración: “No se puede legalizarlos sólo por ser afectados, ni mucho menos darles permisos de trabajo”
* Víctimas todavía esperan que el presidente Ortega por lo menos hable con Arias para que no sean excluidos de asistencia

El destino es incierto para los nicaragüenses que están en los albergues en condición irregular en el país, pues una vez que salgan se desconoce con certeza la posición que asumirán las autoridades con las ayudas que entregarán.

Aunque el Director de Migración, Mario Zamora, descarta “por el momento” un proceso de deportación masiva porque priva lo humanitario, fue claro al señalar que no se les puede regular su estatus si no cumplen con los requisitos de ley.

Todavía se desconoce la cantidad exacta de pinoleros que están ilegales en los albergues, ya que el Consulado General de Nicaragua no ha terminado el censo, pero se presume que muchos enfrentarán problemas para lograr la ayuda.

Zamora, en declaraciones a La Prensa Libre, sostuvo que “desde el punto de vista humanitario” no se puede iniciar un proceso de deportación, sino “hasta que pase el compás de espera después del terremoto”.

“No hemos definido un tiempo en semanas, pero la pauta la marcarán los albergues temporales. Mientras permanezcan ahí, tendrán el espacio de tiempo para legalizarse, tomando en cuenta la asesoría que les hemos brindado, ya que existe mucho desconocimiento”, apuntó.

El funcionario justificó que no se puede legalizar (un estatus) a los nicaragüenses sólo por ser afectados, ni mucho menos darle permisos de trabajo, porque no es competencia de la entidad sino de los patrones y del propio trabajador que debe estar legal en el país.

Agregó que se está dando una flexibilización en los trámites para quienes perdieron sus documentos o los que cumplen los requisitos para un estatus y no lo han hecho. Entre ellos, facilitar un autobús para llevar a los interesados directamente a la oficina central de Migración.

Cero amnistía general

Sin embargo, aclaró que no se podrá responder a la demanda de una amnistía especial que piden varias organizaciones que trabajan con los inmigrantes y la propia Embajada de Nicaragua, porque la ley es la ley.

Ante esta situación, el temor de los nicaragüenses --que hasta podrían hasta ser deportados una vez termine la atención en los albergues-- es mayúsculo, puesto que la misma es en dependencia de un estatus legal, y también así las entidades de gobierno entregan la ayuda.

“Creemos que no es justo que no les den ayuda por su estatus migratorio, porque esos nicaragüenses fueron afectados por el terremoto. Hay que recordar que los hermanos costarricenses y los donantes se han desbordado en ayuda para todos los afectados. Ellos no han condicionado sus ayudas”, opinó Edgar Zurita, del Fondo Latinoamericano de Desarrollo.

El funcionario adujo que el mismo gobierno ha pedido a la comunidad internacional en nombre de todas las víctimas, así que ellos no pueden venir a excluir.

“La ayuda se ha pedido para todos. El pueblo, los donantes, no han dicho este colón o este dólar es para los ticos y los que estén legales, es para todas las víctimas”, argumentó Zurita.

Por su parte, Henry Sásiga Madrigal, del Comité de Ayuda al Migrante (CAM), comentó que Migración y el Ministerio del Trabajo más bien deberían investigar cómo algunos nicaragüenses, si estaban irregulares, laboraban en varias empresas, incluso sin contratos.

Al dirigente también le llama la atención el porqué el presidente Daniel Ortega aún no se ha pronunciado sobre la ayuda que debe dar a los nicaragüenses afectados, ni de la petitoria pública para que interceda por estas víctimas ante su homólogo Óscar Arias.

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