La Fiscalía señala que "por falta de recursos no ha iniciado siquiera la citación de los familiares de las víctimas de esta masacre" por tropas del Ejército Popular Sandinista

Un grupo de indígenas miskitos, acompañado por Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, se presentó hoy ante la Fiscalía para conocer el estado de las investigaciones sobre una denuncia de "genocidio y crímenes de lesa humanidad" ocurrido en 1982 en el Caribe de este país.

Adán Artola, Irma y Ligia Winston y Vidal Poveda, son los dirigentes miskitos que se presentaron ante la Fiscalía General de la República en Managua para conocer los avances de esta investigación solicitada el 8 de junio de 2006. Los indígenas demandaron la investigación de "genocidio y crímenes de lesa humanidad, robo, daños a la propiedad, asociación para delinquir" en perjuicio de 37 miskitos "masacrados" por tropas del entonces Ejército Popular Sandinista, EPS, en Leymus, Río Coco, en el caribe nicaragüense, suceso al que denominaron la "Navidad Roja".

Adán Artola aseguró que formó parte de un grupo de miskitos al que obligaron a excavar las sepulturas para enterrar a los asesinados. Según los indígenas, de ese grupo solo sobrevivió uno que ha servido de testigo de ese "crimen de lesa humanidad" contra los miskitos acusados de contrarrevolucionarios.

El escrito presentado a la Fiscalía para preguntar sobre estas investigaciones, dice que los señalados en la denuncia presentada hace tres años, son el Presidente de la República Daniel Ortega, quien también era gobernante del país en el tiempo que sucedieron los hechos. Además, pidieron que sean igualmente investigados el general en retiro Humberto Ortega, entonces jefe del EPS; Tomás Borge, ex ministro del Interior; Lenín Cerna, ex responsable de la Dirección General de Seguridad del Estado, DGSE, ya extinta, y Omar Cabezas Lacayo, entonces viceministro del Interior.

También Humberto Campbell y Antenor Rosales, actual presidente del banco Central de Nicaragua, así como Filimón Martínez, Gustavo Martínez, entonces militares de servicio en el Ministerio del Interior. El escrito presentado hoy señala que la CPDH ha solicitado informes sobre las investigaciones relacionadas con la denuncia sin recibir respuesta de los procesos realizados, ni de los resultados alcanzados por éstos.

Marcos Carmona declaró a la prensa que "es una vergüenza que la Fiscalía no actúe para todos los nicaragüenses para hacer justicia". "No es posible que tres años después esta institución no diga que por falta de recursos no ha iniciado siquiera la citación de los familiares de las víctimas de esta masacre", expreó Carmona, quien agregó que "no queremos pensar, que los retrasos se deben o tengan algo que ver con el hecho de que estas personas pertenecen a la etnia miskita descendiente de la raza negra".

El activista de derechos humanos enfatizó que nuevamente solicitan a la Fiscalía les entregue "a lo inmediato", el informe acerca del avance de las investigaciones realizadas por la fiscalía en su sede regional de Puerto Cabezas, capital del Caribe norte de este país.