* Orlando Castillo, Presidente Ejecutivo del ente, advierte, además, que analizan la situación de cinco o seis radioemisoras más “fuera del marco de la ley”
* Justifica cierre de emisora de personaje crítico del gobierno, porque postergó durante cuatro años su operación y nunca reportó las causas
* Niega que se trate de asuntos políticos, y explica que lo que ocurre es que algunos creen que los medios son “pulperías” y que pueden andar “por la libre”

El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor), Orlando Castillo, afirmó que oficialmente la emisora La Ley, en Sébaco, propiedad del crítico del gobierno Santiago Aburto, estaba operando de forma ilegal, y al igual que ella, trabajan cinco o seis estaciones radiales más que se encuentran bajo revisión.

Castillo habló con EL NUEVO DIARIO, y explicó que en el caso de Aburto --a quien se le cedió la concesión de la frecuencia-- postergó las operaciones por más de cuatro años y nunca reportó las causas al ente regulador.

Diversos sectores políticos y sociales han lamentado la decisión de Telcor por el cierre sorpresivo y drástico de la emisora La Ley, en Sébaco, el viernes de la semana pasada, a unas horas de que fuera inaugurada el sábado, y hasta lo han considerado un ataque a la libertad de expresión.

Castillo dijo que a Aburto le cedieron contrato de cesión de frecuencia durante el gobierno de Enrique Bolaños en 2004, y que de acuerdo con el reglamento de la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones, él tenía 90 días prorrogables para abrir la señal al sistema del radio-espectro especificado.

“Para que se otorgue una licencia en ese gobierno o en éste, se tiene que cumplir un requisito, ¿verdad? Cuando solicita o cuando firma un compromiso con el gobierno, se compromete a determinados asuntos técnicos y financieros, y no lo hizo, no lo reportó a Telcor”, dijo Castillo.

“Intenciones políticas”

“Digamos en su inversión, por ejemplo, él tenía que salir al aire tres meses después, como máximo, 90 días, en su mismo contrato de frecuencia que estableció con Telcor en aquel tiempo, se comprometía a salir al aire tres meses después, si no cumplía él tenía que dar las explicaciones de por qué no cumplía, podía ser que se atrasó la importación, podía ser que se le acabó el financiamiento, entonces, él podía pedir una prórroga, y el gobierno le daba una prórroga dependiendo de lo que él argumentara, pero no se hizo”, justificó el titular de Telcor.

Aburto, quien posee un espacio en Radio Corporación y es abiertamente declarado opositor al partido de gobierno, acusó a Telcor de represalia política y de agresión a la libertad de expresión.

Castillo negó los señalamientos y los calificó como “intenciones políticas” para afectar la Administración del presidente Daniel Ortega.

“Él pasó cuatro años sin pedir permiso ni salir al aire, con una frecuencia desaparecida porque no cumplió, se ausentó, es como si vas a hacer un préstamo al banco, te lo dan y no lo llegás a retirar, entonces los bancos no te cobran ni te multan, pero no hay arreglo, aunque hayas abierto con ellos una cuenta”, comparó Castillo, quien advirtió que podrían regresar los pagos por permiso de operaciones que el periodista realizó desde 2004.

Radios y pulperías

“En este caso, él llegaba a pagar cada año lo que valía la frecuencia, pero es el mismo argumento, el mismo caso del banco, si vos vas a un banco a hacer un depósito la cajera se lo acepta, y en este caso, en cualquier sucursal de Telcor en cualquier centro de atención al público, le reciben un pago a cualquiera que llegue a hacerlo y presenta un documento que tiene una referencia, aunque no sea legal, después puede retirar su dinero”, dijo Castillo.

Indicó que lo mismo ha ocurrido con otros usuarios de frecuencia, que nunca las pusieron a operar y que han decidido salir al aire cuando ya tienen sus derechos vencidos.

“Es como que pongás una pulpería y no vas a hacer los trámites a la dirección económica de la alcaldía, eso hizo él, sin consultar nada con Telcor la puso al aire”, justificó Castillo, al tiempo que negó que se usaran “paramilitares” gubernamentales para confiscar los equipos de la emisora.

“¿Paramilitares? No, eran técnicos que desmontaron los equipos, lo más eran 10 hombres, nosotros debemos cuidar los equipos ante Aduana. Él tiene que ir a Telcor a pedir permiso de importación, a reportar todo, hasta donde va a estar la torre”, argumentó.

Añadió que de acuerdo con el contrato relacionado con radio La Ley, se encontraron conque Aburto tiene equipos que no estaban en el contrato de concesión, y fue otra de las razones por las que decidieron clausurar el medio.

“El (Aburto) salió al aire, nosotros recibimos la información de que una radio estaba al aire, fuimos a averiguar con los equipos que tenemos, mandamos una inspección a la radio, y nos dimos cuenta de que hay otros equipos que no son ni por cerca los que estaban autorizados a instalarse, y aunque hubiera tenido los equipos autorizados, él no salio al aire en cuatro años, casi cinco, y ya había perdido el derecho”, insistió.

Peligran más radios

Aunque Castillo insistió en que Aburto violó todas las normas de Telcor en cuanto al uso de frecuencias, no supo explicar en qué se basó legalmente para secuestrar los equipos de la emisora. ”Él tenía que pedir un permiso o prórroga y no lo hizo”, afirmó.

Asimismo, negó que se trate de un asunto político por las críticas de Aburto contra el gobierno y el partido de gobierno. A la vez, anunció que otras emisoras están bajo revisión bajo el mismo argumento de ilegalidad en sus permisos de operaciones.

“Están en trámites algunas radios más, algunos solicitan que se les autorice la emisión de una radio, y estamos revisando a los que se les había autorizado antes, si van a cumplir lo que habían dicho en el contrato original, porque debemos respetar lo que se firma. Si el contrato original dice que tenía un equipo de un kilo, no deben tener dos o tres kilos”, anunció, recalcando que las decisiones a tomarse serán estrictamente técnicas y no basadas en las preferencias políticas de sus directores.

Castillo explicó que en Telcor no piden a los solicitantes de frecuencias ninguna información sobre el perfil de su programación, pues no se trata de un asunto que sea determinante al momento de decidir si se extiende o no un permiso.

“Lo que vemos es que no choque con otras frecuencias, a veces se les da un permiso provisional, se dan análisis, y si tiene derechos se los damos, sean liberales, conservadores, católicos, evangélicos, se los tenemos que autorizar y valoramos”, concluyó.