Si no restituyen a presidente depuesto, la entidad aplicará el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que suspende al país centroamericano de esa organización

El titular de la OEA, José Miguel Insulza comunicará mañana a las autoridades surgidas del golpe de Estado de Honduras que tienen 24 horas para permitir la reasunción del presidente Manuel Zelaya, pero el régimen, que rechaza toda marcha atrás, se endureció y suspendió garantías constitucionales. El secretario Insulza "notificará a los actores políticos hondureños" sobre el ultimátum para reinstalar a Zelaya, informó la Organización de Estados Americanos.

En caso que el plazo no sea acatado la OEA, que está convocada a una reunión la mañana del sábado en Washington, "aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras", agregó. "No puedo decir que voy confiado. Haré todo lo que pueda, pero me parece difícil que todo pueda componerse en unos pocos días", expresó Insulza, desde Georgetown. "No vamos a Honduras para negociar. Vamos a pedir que se deje de hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora", agregó el chileno.

En ese marco de tensión, el régimen encabezado por Roberto Micheletti, redobló los medidas de represión, al autorizar a la detención de personas por más de 24 horas y suspender garantías, como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación. Esas medidas se sumaron al toque de queda ya vigente desde las las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, serie de medidas que fueron calificadas por seguidores de Zelaya como un "estado de sitio encubierto". Organizaciones de derechos humanos también denunciaron detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército.

Políticos y analistas hondureños dudan de regreso de Zelaya
El presidente depuesto, Manuel Zelaya precisó desde Panamá que en su operativo retorno, previsto para el fin de semana, viajará acompañado en principio por Insulza, y los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Ecuador, Rafael Correa y algunos premios Nobel de la Paz, como por ejemplo la guatemalteca Rigoberta Menchú. En Tegucigalpa, sin embargo, políticos, empresarios y analistas dudan de que Zelaya se atreva a regresar al país, donde la justicia emitió una orden de captura en su contra por 18 delitos entre los cuales está el de "traición a la patria".

Por su lado, Micheletti advirtió a la comunidad internacional en una entrevista que el presidente depuesto "nunca va a retornar al poder" y que no le preocupan las represalias que se puedan adoptar contra Honduras. "Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó", indicó Micheletti, quien aseguró que el 80% de la población está de acuerdo con el derrocamiento.

Entretanto las presiones de la comunidad internacional se multiplicaron en las últimas horas: Estados Unidos suspendió las actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras y dejó para la próxima semana la decisión sobre un congelamiento de la ayuda a este país, uno de los más pobres de la región y que depende de la ayuda exterior para la supervivencia de gran parte de la población.

Los principales organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, también decidieron una "pausa" en sus préstamos mientras se busca una salida a la crisis institucional. Pero no todos están de acuerdo con que se apliquen sanciones económicas. La federación de entidades empresariales centroamericanas exigió a Guatemala, El Salvador y Nicaragua que abran "de inmediato" sus fronteras al comercio con Honduras, y afirmó que las cuestiones políticas no se deben resolver con sanciones económicas.

Zelaya, que había llegado al poder en elecciones democráticas ungido por un partido de derecha, giró su línea durante su mandato, y finalizó ingresando a la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, grupo de países con gobiernos de izquierda, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.