El presidente de Bolivia, Evo Morales, soporta esta semana un fuerte embate de los movimientos sociales, con un paro de 48 horas del transporte que comenzó ayer lunes y una huelga general de tres días convocada por la Central Obrera, COB, desde el miércoles, protestas que el gobierno atribuye a la oposición política.

La huelga de choferes --que se opone a la vigencia de una ley municipal que reglamenta el transporte y tránsito urbano de La Paz-- paralizó este lunes completamente a la ciudad, con episodios esporádicos de choques con usuarios que se desplazaron a pie a sus centros de trabajo.

“El paro es un rotundo éxito. Hemos dicho a nuestros compañeros que el problema es de todos, por eso es contundente”, evaluó René Vargas, secretario ejecutivo del sindicato de choferes de La Paz.

Los choferes rechazan que la nueva legislación --aprobada por el municipio-- regule las rutas, las paradas y los horarios de servicio, además de obligarles a cumplir las normas de circulación y a llevar puesto el cinturón de seguridad, entre otros requerimientos.

Ante la contundencia de la protesta, el gobierno se vio obligado a suspender las clases en los centros de estudio y a dictar tolerancia y horario continuo en las actividades laborales públicas y privadas.

Médicos en huelga desde hace un mes
Luego del paro de los choferes, la COB, la mayor central sindical de trabajadores, cumplirá desde el miércoles una huelga de 72 horas en demanda de mejoras salariales y en apoyo a los médicos que mantienen una huelga de más de un mes en rechazo a la ampliación de su jornada laboral, de 6 a 8 horas.

La medida de extender la jornada laboral fue suspendida el viernes por Morales hasta que sea evaluada en julio por una reunión de expertos de la salud, pero los sindicatos de médicos y paramédicos mantienen las protestas y piden la abrogación definitiva del decreto.

“Ante la ola creciente de conflictividad social en Bolivia”, la jerarquía de la iglesia Católica hizo en un comunicado público “un vehemente llamado a las autoridades públicas y a los sectores sociales movilizados, a evitar toda confrontación y violencia y a retomar el camino de un diálogo”.

“Nos preocupan las medidas extremas de presión social (...), el prolongado conflicto en el sector de salud, las pérdidas económicas que soportan personas, empresas y comerciantes por los bloqueos en las carreteras y ciudades, y el malestar generalizado de la ciudadanía”, agrega el comunicado.

El vicepresidente Álvaro García calificó en tanto la decisión de los médicos de continuar con las protestas de “caprichosa, abusiva, criminal y política” y llamó a la población a oponerse a la huelga.

“El gobierno convoca al pueblo boliviano, a los trabajadores, a los vecinos, a los comerciantes, oficinistas, a defender la salud, a que no siga adelante esta prepotencia, este abuso, los convocamos a movilizarse para defender el sistema de salud público”, manifestó García.