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  • AFP

Activistas de derechos humanos y analistas políticos rechazaron ayer la decisión del máximo tribunal de justicia de Guatemala de suspender temporalmente un proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, que busca determinar su responsabilidad en casos de corrupción.

“Es indignante la decisión del máximo tribunal de justicia, blindando a corruptores del Gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, al comentar la resolución.

Menchú, quien se ha sumado a una petición popular para que el mandatario renuncie al cargo, pidió mantener las manifestaciones masivas de repudio que se realizan desde que se descubrió en abril un fraude multimillonario en las aduanas nacionales y que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Pérez.
“Se violaron derechos”

El jueves, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia del país, aceptó provisionalmente un amparo presentado la semana pasada contra el antejuicio por la abogada Karen Fischer, quien actuó a título personal.

En Guatemala, la CC está por encima de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había dado trámite al antejuicio por corrupción contra Pérez.

Fischer explicó que presentó el amparo porque a su entender se “violaron flagrantemente los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a un régimen de legalidad consolidado” al permitir el antejuicio contra el mandatario.

“Las cortes se vuelven grandes defensoras de la corrupción y nos ponen en un juego perverso. Sus decisiones nos colocan en una crisis más profunda”, dijo a periodistas Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

Igualmente, la activista de derechos humanos Helen Mack consideró que la abogada que presentó el recurso “no tenía la legitimidad para hacerlo, por lo cual debió ser rechazado”.

La decisión de la CC suspende momentáneamente el antejuicio abierto la semana pasada contra el presidente por la Corte Suprema de Justicia, en momentos que una comisión del Congreso discute si levanta la inmunidad del gobernante para permitir que sea llevado ante la justicia.

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