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  • ACAN-EFE

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por la contaminación del río La Pasión, ubicado en el departamento de Petén, fronterizo con México.

La PGN, “actuando en representación del Estado”, exige que se inicie el expediente sobre el caso, que se admita la denuncia contra los responsables de este hecho --aún por determinar-- y que se deduzca, así, la responsabilidad penal que corresponda.

El río La Pasión, situado al norte del país, con una longitud de casi 350 kilómetros, fue contaminado en las últimas semanas por un plaguicida cuyo origen aún no ha sido determinado y que ha perjudicado a unas 12,000 personas de al menos 17 poblaciones.

La cuenca, que atraviesa el departamento norteño de Petén, ha sido contaminada en casi 150 kilómetros de su caudal y según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) las autoridades han sacado del río 60 quintales de peces muertos.

Ante esta situación, la Procuraduría ha mostrado su solidaridad con las comunidades afectadas y, en defensa de los recursos naturales del país, ha presentado la denuncia.

INDEMNIZACIÓN
Además, solicita al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que establezca el monto de la indemnización de los afectados y que cuantifique los daños y prejuicios ocasionados, así como las medidas que adoptará para restaurar el río.

En este sentido, insta a varias instituciones gubernamentales a garantizar la asistencia a las personas afectadas y a realizar un protocolo de seguridad para evitar que se vuelvan a repetir estos “ecocidios”.

¿Estado de excepción?
El presidente del país, Otto Pérez Molina, anunció el pasado miércoles que su Ejecutivo está estudiando decretar un estado de excepción en varios poblados, una petición que fue solicitada por la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de Guatemala.

El gobierno de Guatemala está facultado para decretar el estado de excepción, que suspende algunas de sus obligaciones, cuando se encuentre en situaciones “de crisis extraordinarias y muy graves”, según la reglamentación del país centroamericano.

Las autoridades han prohibido a la población el consumo de peces y agua procedente del río.

La empresa Reforestadora de Palma de Petén, sindicada de la contaminación, rechazó el pasado viernes en un comunicado de prensa su responsabilidad en el caso y aseguró que el plaguicida encontrado en el río no lo utilizan en sus labores “por su alto nivel de toxicidad”.

 

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