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A los políticos estadounidenses les encantan las historias con moraleja. Pregúntele a los griegos: los líderes estadounidenses, en común con tantos otros dirigentes en todo el mundo, se deleitan con las agonías de Grecia como una fábula de Esopo de la era moderna, que enfrenta a las hormigas del norte de Europa contra los saltamontes mediterráneos.

Eso vuelve sorprendente, y revelador, que los líderes políticos continentales parezcan renuentes a sermonear sobre una crisis de deuda mucho más cercana, en el territorio estadounidense autónomo de Puerto Rico.

El mes pasado, el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, admitió que las deudas públicas de 72,000 millones de dólares son "impagables".

Para los políticos en la derecha, la caída de Puerto Rico parece más una parábola prefabricada, un relato del gran gobierno y las políticas que parecen bondadosas, pero más bien atrapan a los pobres en una dependencia apática. 

Para tomar solo un parámetro, la tasa de participación en la fuerza laboral de la isla es de un desalentador 40 por ciento, gracias en parte a leyes laborales rígidas y a programas de beneficencia que con demasiada frecuencia pagan mejor que tomar un empleo.

Mala apuesta

Para aquellos en la izquierda, esta es una posibilidad de predicar contra los fondos de inversión que se abalanzaron sobre los bonos puertorriqueños en busca de altos rendimientos, y ahora quieren que los isleños soporten las penurias después de que la apuesta salió mal. Los republicanos y demócratas difícilmente mantienen la boca cerrada cuando estallan crisis de deuda similares en Europa o en ciudades estadounidenses como Detroit.

Sin embargo, entre los líderes políticos continentales, el debate en torno a Puerto Rico ha sido distintivamente cauteloso y tecnocrático, cuando siquiera los peces gordos discuten sobre la isla, y se centra en cuestiones como las leyes de bancarrota de la isla, que están en manos del Congreso en Washington.

El 7 de julio, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la favorita demócrata para la contienda presidencial de 2016, puso fin a los días de ambigüedad e hizo un llamado al Congreso para que conceda a Puerto Rico el mismo acceso a las protecciones de bancarrota federales de que disfrutan los 50 estados cuando se trata de salvar a los municipios o las empresas de servicios públicos endeudados.

Algunos grupos conservadores llaman a ese enfoque un "rescate de parte de los contribuyentes" y acusan a los demócratas de conspirar para permitir que Puerto Rico salga bien librado de sus deudas como Argentina, Venezuela u otros malhechores izquierdistas. 

Cautela bipartidista

Esos críticos estarían en un terreno político más sólido si las ideas de Clinton no fueran una copia al carbón de una propuesta hecha por uno de sus principales rivales republicanos, el exgobernador de Florida Jeb Bush. Él argumenta que se deberían conceder a Puerto Rico los mismos derechos a la bancarrota que a los 50 estados, no menos porque piensa que la isla debiera convertirse algún día en el estado número 51.

En parte, este ánimo de cautela bipartidista se explica por un cálculo rudimentario: los puertorriqueños se han vuelto demasiado importantes para ofenderlos. Aunque los 3.5 millones de habitantes de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales y envían a un solo delegado sin derecho a voto al Congreso, son ciudadanos estadounidenses y disfrutan de derechos electorales plenos si se mudan a uno de los 50 estados.

Durante décadas, los votos de la diáspora puertorriqueña difícilmente influyeron en las elecciones nacionales, porque la mayoría vivía en Nueva York o Nueva Jersey, donde los demócratas ganan fácilmente en las contiendas presidenciales. 

Sin embargo, desde 1990, legiones de "nuyoriqueños" --los puertorriqueños que viven en Nueva York y el noreste-- han migrado al disputado estado de Florida, atraídos por el sol, las casas baratas y los empleos. En la última década, se les han unido cientos de miles de isleños que huyen del estancamiento económico y la alta criminalidad. Hay unos cinco millones de puertorriqueños en el continente ahora, una quinta parte de ellos en Florida.

Especímenes más raros

Una última peculiaridad da a estos recién llegados influencia extra. En Puerto Rico, los partidos políticos se organizan en torno de temas locales como la categoría de estado y no encajan muy bien con los campos partidistas de Estados Unidos; aunque los izquierdistas en general son más escépticos de la categoría de estado, posiblemente porque el inflado sector público de la isla tendría que contraerse y los impuestos tendrían que caer para converger con las normas continentales. 

En las elecciones de Florida, esto convierte a muchos puertorriqueños en los especímenes más raros, verdaderos votantes oscilantes dispuestos a elegir a republicanos moderados --especialmente si son puertorriqueños-- o a demócratas.

Darren Soto, un senador estatal demócrata del centro de Florida, representa a un distrito extenso y suburbano que hace 20 años era pastizales y huertos de naranjas. Aunque una cuarta parte de su electorado son puertorriqueños, él no ha escuchado a ninguno de ellos defender un rescate federal de la isla. Sus votantes incluyen a empleados educados que anhelan cambios institucionales en la isla, dijo Soto, y no quieren que los dólares de los impuestos federales “se destinen a la crisis”.

Junto con las matemáticas electorales, hay otra razón por la cual los políticos continentales quizá se muestren renuentes a hablar demasiado sobre Puerto Rico. Involucra la culpa.

Una isla con dominio colonial

Estados Unidos se enorgullece de ser una superpotencia que nunca construyó un imperio. Sin embargo, Puerto Rico, en esencia, fue tomada como colonia en 1898, después de que una breve guerra puso fin a cuatro siglos de dominio por parte de España. Los isleños pasaron de ser "fervientemente españoles" a ser "entusiastamente estadounidenses" en un plazo de 24 horas, como refunfuñó uno de los comandantes españoles vencidos en esa época.

Hasta la fecha, los productos deben ser transportados entre el continente y Puerto Rico en costosas embarcaciones con bandera estadounidense, según una ley de 1920 que el Congreso se niega a revocar. Bajo la administración del gobernador Rexford Guy Tugwell, designado por el presidente Franklin Roosevelt en 1941, la isla fue un gran experimento de planificación central, que incluyó la creación de industrias favorecidas, desde el enlatado de atún hasta los productos farmacéuticos. La isla recibió más subsidios durante la guerra fría como un contraejemplo a Cuba, pero nunca se volvió competitiva.

El exgobernador Luis Fortuño, un conservador electo que trató de impulsar el crecimiento recortando los impuestos y las nóminas públicas en 2009-2013, expresó que a menudo sintió que estaba "peleando contra el fantasma de Tugwell". Hoy, algunos en la derecha estadounidense quieren que el Congreso cree un "consejo de control financiero" con poderes para imponer reformas a un Puerto Rico abrumado por la deuda, así como se hizo con el Distrito de Columbia en los años 90. Eso suena desvergonzadamente colonial, y no es la manera de elaborar reformas que pudieran perdurar.

Poco sorprende que muchos políticos estadounidenses prefieran ignorar a Puerto Rico. Lástima por ellos, la crisis de deuda está filtrándose con fuerza en la contienda presidencial de 2016. Tarde o temprano, esta historia necesitará un final con moraleja.

40 por ciento es la tasa de participación de la fuerza laboral en Puerto Rico.

72 mil millones de dólares es la deuda pública impagable de la isla.

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