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  • ACAN-EFE

Miles de guatemaltecos expresaron ayer su respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y al Ministerio Público por el desmantelamiento en los últimos tres meses de estructuras de corrupción y exigieron la inmediata reforma electoral y del sistema judicial en el país.

Aunque en menor cantidad, la manifestación salió de las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia la Plaza de la Constitución, situada frente al antiguo Palacio de Gobierno, donde el 25 de abril comenzaron las protestas en contra de la corrupción y la impunidad en el país.

Con tambores, vuvuzelas y ondeando pancartas, los guatemaltecos expresaron su apoyo al “dúo dinámico” como calificaron a la fiscal general, Thelma Aldana y al titular de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez por la lucha sin cuartel que mantienen contra la corrupción.

“Yo pueblo autorizo a la Cicig y a Don Iván a que sigan 1,000 años más. Esto apenas empieza. Reformas ya... Justicia Ya”, decía la pancarta que portaba Estanislao González, quien ha participado desde la primera manifestación, según explicó a Acan-Efe.

“Oportunidad única”

Por su parte, el arquitecto Oscar Martínez, quien ha estado en 13 de las 14 protestas, dijo a Acan-Efe que “esta es la única oportunidad que tiene Guatemala para cambiar su sistema político y judicial”.

“Lo que urge es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sobre todo que se apruebe que el voto nulo sea vinculante porque es la única forma que tenemos de rechazar a estos políticos”, afirmó.

Las reformas electorales que demanda la sociedad ya pasaron la primera de tres lecturas que son necesarias para su aprobación en el Congreso.
Convocados por el movimiento social #JusticiaYa y otras organizaciones sin vínculos políticos, los guatemaltecos también demandaron, aunque en menor grado, la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Al respecto, Martínez dijo que ahora lo “más urgente” es la reforma electoral y del sistema de justicia.

Los escándalos de corrupción involucran a unas 60 personas entre altos funcionarios, diputados, jueces, un candidato opositor a la vicepresidencia e incluso el presidente del país, Otto Pérez Molina, quien podría perder la inmunidad que le garantiza el cargo.

 

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