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  • EFE

El instituto que dirige el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy que su sede fue objeto de "un ataque político con un artefacto explosivo", en el que "felizmente no hubo heridos".

"El objeto fue lanzado contra el edificio del Instituto desde un automóvil", dice una nota divulgada por la entidad, fundada en 2012 por el exmandatario tras concluir su segundo mandato.

La nota no aclara si el artefacto causó daños materiales y dice que el asunto ya ha sido denunciado a los organismos policiales de la ciudad de Sao Paulo, a los responsables de seguridad del estado del mismo nombre y al Ministerio de Justicia.

El comunicado, de sólo dos párrafos, agrega que el Instituto Lula "espera que los responsables sean identificados y castigados".

Según medios locales, el artefacto era de escaso poder explosivo, pero causó algunos daños en una de las puertas de aluminio que tiene el instituto, situado en el barrio paulista de Ipiranga.

El hecho ocurrió en momentos en que Brasil está sumido en una grave crisis política, derivada de las investigaciones por un vasto escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que han salpicado a decenas de grandes empresarios y a medio centenar de políticos.

Entre los políticos investigados figuran dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y al que también pertenece la actual presidenta del país, Dilma Rousseff.

Lula no aparece en esa extensa lista, pero aún así un fiscal del Ministerio Público abrió hace diez días una investigación para determinar si incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.

Frente a esa acción, los abogados del exmandatario exigieron al Ministerio Público que investigue al fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, autor de esa iniciativa, por darle curso a un caso "sin ningún indicio de crimen", "ignorar el derecho a la defensa" y unas supuestas irregularidades en la conducción del proceso.

El Ministerio Público aceptó iniciar un proceso disciplinario contra el fiscal, pero se abstuvo de suspender el proceso abierto contra el expresidente.

En esa acción, Lula es investigado por supuestamente influir en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de concluir su mandato, para que financiara diversas obras de la constructora Odebrecht en países latinoamericanos y africanos.

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