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  • AFP

La Fiscalía de El Salvador ordenó ayer la detención de 300 pandilleros acusados de fraguar un boicot al transporte público que dejó a siete conductores asesinados y dos autobuses incendiados a fines de julio.

El fiscal Luis Martínez dijo que en un trabajo coordinado con la Policía, fueron detenidos 130 de los pandilleros, todos ellos miembros de la facción llamada “Revolucionarios”, la más violenta de la pandilla Barrio 18.

El fiscal explicó que los detenidos “conspiraron y propusieron el desarrollo de actos terroristas para llevar terror y temor a la población” con el boicot al transporte público del 27 al 30 de julio.

Los pandilleros pueden recibir entre 8 y 12 años de cárcel y los cabecillas entre 10 y 15 años, bajo cargos de terrorismo.

En lo que va del año, las pandillas han asesinado a 41 policías y al menos 15 militares, un fiscal y han atacado instalaciones judiciales y puestos de la Policía.

Crímenes múltiples

Este lunes, 12 personas fueron asesinadas en tres crímenes múltiples ocurridos en diferentes puntos del país. La peor de las masacres, de seis personas, fue perpetrada en una finca rural de Chalchuapa, en el oeste del país.

Las autoridades no lograron establecer los parentescos de los fallecidos, que fueron ejecutados por pandilleros que operan en la zona y que intranquilizan a la población.

Este mismo lunes, tres miembros de una misma familia, José Reyes (63), su hija Sara Soto (32) y su bebé Meylin, de ocho meses, fueron asesinados en el poblado de San Pedro Perulapán, 22 kilómetros al este de la capital.

Según el Gobierno, las pandillas hicieron el lunes un nuevo intento de paralizar el transporte público, pero el plan fracasó por una acción preventiva que incluyó operativos de la Policía y el Ejército.

En el primer semestre de este año, según fuentes oficiales, se registraron 2,865 asesinatos en El Salvador (15.8 por día), por encima de los 1,840 del mismo período de 2014.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas tienen unos 72,000 miembros, de los cuales cerca de 13,000 están encarcelados por homicidios, extorsiones y otros delitos.

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