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El gobierno panameño reconoció un fallo de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Panamá por violar el derecho a la propiedad colectiva y a la protección judicial de varias comunidades indígenas, informó este martes una fuente oficial.

El gobierno panameño aprobó un decreto ejecutivo este martes donde "reconoce las obligaciones impuestas a la república de Panamá en sentencia de 14 de octubre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", anunció la secretaría de Comunicación del Estado.

Esa sentencia guarda relación con los pueblos indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano, a los que en 1972 el Estado desalojó de sus tierras ancestrales para construir una represa hidroeléctrica.

El decreto designa además al ministerio de Economía y Finanzas para que ejecute el trámite correspondiente "al pago de las obligaciones económicas por un monto total de 2,6 millones de balboas (dólares) impuestos por la Corte Interamericana", según un comunicado.

Con esta decisión el gobierno panameño pretende reafirmar "el compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos", de acuerdo a la nota oficial.

Según la sentencia de la Corte, Panamá tenía la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras asignadas a los territorios alternativos otorgados al Pueblo Kuna de Madungandí y a las comunidades Emberá Ipetí y Piratí, al este del país, lo cual "ha incumplido en muchos casos".

Adicionalmente, el Estado falló en proteger los territorios alternativos para evitar la incursión de personas no indígenas a los mismos, lo cual ha generado una situación de conflictividad en la zona, según la sentencia.

La Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica) ordena ahora a Panamá a demarcar y titular las tierras como derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas afectadas.

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