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Fue hace apenas un mes que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, afirmó por primera vez que la deuda pública de 72,000 millones de dólares del territorio estadounidense era insostenible. En ese entonces, su advertencia de que la única alternativa a una reestructuración amplia era una “falta de pago unilateral y no planeada de las obligaciones” fue vista por muchos como una forma de estimular las negociaciones con los acreedores.

Sin embargo, el 3 de agosto, la Corporación de Finanzas Públicas de Puerto Rico (CFP), una agencia gubernamental, incumplió el pago de 58 millones de dólares a tenedores de bonos.

“No tenemos el dinero”, explicó Víctor Suárez, el jefe de gabinete del gobernador.

La CFP depende de que la legislatura de la isla le asigne fondos para pagar el servicio de sus deudas. Sin embargo, después de una década de recesión ininterrumpida, los legisladores no estuvieron dispuestos a extraer más ingresos de los contribuyentes. Mientras tanto, una pérdida de confianza entre los inversionistas los ha dejado incapaces de recurrir a los mercados de capital. 

Como resultado, la CFP se las ingenió para enviar solo 628,000 dólares. Moody’s, una agencia calificadora, rápidamente anunció que consideraba al bono en morosidad.

“Obligación moral”

Es poco probable que la falta del pago por parte de la CFP desencadene una cascada inmediata de demandas o incumplimientos de pagos adicionales. Sus bonos técnicamente no son más que una “obligación moral”, sin ningún mecanismo legal que obligue al pago. El Gobierno insiste en que el hecho de no pagar no debería ser considerado morosidad, ya que los términos del bono obligan a la CFP a pagar solo lo que la legislatura haya asignado.

Solo tres días antes de que la CFP dejara con un palmo de narices a sus acreedores, el Banco de Desarrollo del Gobierno, otra agencia oficial, hizo un pago de 170 millones de dólares sobre sus deudas. Si otras dependencias del gobierno de Puerto Rico incumplen sus pagos, más de 10,000 millones de dólares de sus obligaciones están respaldadas por aseguradoras de bonos municipales, las cuales dicen que tienen amplias reservas para ver que se pague a tiempo a los acreedores.

Sin embargo, el incumplimiento de pagos de la CFP acelera la crisis de deuda de Puerto Rico. Extingue cualquier esperanza de que los acreedores de la isla pudieran evitar pérdidas de algún modo. También pone fin a cualquier acceso a las finanzas comerciales que el Gobierno aún pudiera haber tenido.

Provocar una sensación de urgencia bien podría haber sido la intención de García Padilla. El difícil estatus de Puerto Rico dentro de Estados Unidos le deja en una posición poco envidiable.

Ley de bancarrotas

Como no es un Estado, sino más bien un territorio autónomo, sus agencias no pueden acogerse a la porción de la ley federal de bancarrotas que concierne al sector público, conocida como Capítulo Nueve, el cual ha sido usado por gobiernos insolventes en la parte continental del país, como la ciudad de Detroit, para reducir sus obligaciones. 

Sin embargo, después de que la legislatura de la isla aprobó su propia versión del Capítulo Nueve el año pasado, los tribunales federales la desecharon con base en que solo el Congreso puede alterar las leyes de bancarrota. Eso dejó al Gobierno sin más opción que suplicar al Congreso que enmiende la ley para permitir que territorios como Puerto Rico invoquen el Capítulo Nueve, un ruego que hasta ahora ha caído en oídos sordos.

Al incumplir un pago relativamente insignificante, Puerto Rico ha vuelto inmediato el anteriormente remoto espectro de una morosidad caótica y gradual entre sus muchas agencias y tipos de bonos diferentes. Eso podría incrementar la probabilidad de la acción del Congreso, así como alentar a negociar a los acreedores tímidos ante el litigio.

No obstante, aun cuando esas maniobras de último minuto tengan éxito, la extensión del Capítulo Nueve no sería una cura para todo. No ayudaría con los 13,000 millones de dólares de bonos de “obligación general” de Puerto Rico, que están protegidos por una cláusula en la Constitución de la isla que garantiza a sus tenedores un primer reclamo sobre todos “los ingresos disponibles”.

Si el Congreso no actúa, queda poco tiempo precioso para elaborar un plan de contingencia. Puerto Rico ni siquiera está planeando hacer una oferta inicial a sus acreedores hasta el 31 de agosto, y debe hacer pagos de 1,300 millones de dólares --1.5 por ciento del producto anual de la isla-- en diciembre y enero. 

Los mayores acreedores de la isla, administradoras de fondos como Oppenheimer y Franklin Templeton, han mostrado poca disposición a llegar a un acuerdo.

Puerto Rico es propenso a huracanes. El incumplimiento de pagos de la CFP pone a una destructiva tormenta legal y financiera directamente en el horizonte.

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