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La empresa Genisa, que lleva a cabo en Panamá un proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos y que fue cancelado por incumplimientos ambientales, acusó este jueves al gobierno de ceder ante grupos indígenas y campesinos que lo rechazan y pidió el reanudación de la obra.

"Lamentamos que se continúe cediendo a presiones de grupos minoritarios opositores que se imponen con cierre de calles, que afectan al resto de la población panameña, en abierta amenaza y desafío a las autoridades", expresó en un comunicado Genisa, que construye el proyecto hidroeléctrico de la presa de Barro Blanco (oeste).

Este proyecto, con un 95% de avance, fue cancelado por el gobierno panameño en febrero por incumplimientos ambientales, y posteriormente el gobierno permitió a la compañía realizar labores de mantenimiento. Sin embargo los adversarios al proyecto, principalmente indígenas y campesinos, impidieron durante semanas la entrada a las instalaciones.

El pasado lunes el gobierno panameño y un grupo de autoridades indígenas se comprometieron a permitir la conclusión de Barro Blanco mientras se llega a una decisión final sobre la hidroeléctrica, cuyas operaciones siguen suspendidas por las autoridades.

La hidroeléctrica, financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está situada en el distrito de Tolé (suroeste), en la Provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El proyecto, con capacidad para producir 28 megavatios, es rechazado por los indígenas Ngäbe-Buglé de Panamá porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la hidroeléctrica, obra que el gobierno panameño no ha descartado adquirir.

La constructora argumenta que ha entregado al gobierno documentación "para probar que sí hemos, y estamos cumpliendo, con todos los puntos expuestos" por las autoridades, y pide la reactivación inmediata de las obras. "Genisa ha acatado cada recomendación del gobierno", dice la empresa, que considera "injustificada" la suspensión de los trabajos.

La cancelación definitiva podría acarrear demandas millonarias, ya que según Genisa las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.

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