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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) dio trámite ayer a un pedido de antejuicio contra el presidente del país, Otto Pérez, presentado por la Fiscalía para que pueda enfrentar cargos de corrupción en su contra, informó el tribunal.

El vocero de la CSJ, Ángel Pineda, dijo que los magistrados acogieron el pedido y lo remitieron al Congreso, que debe decidir si le levanta la inmunidad a Pérez.

El mandatario fue señalado el pasado viernes como cabecilla de una red de defraudación aduanera denominada “La Línea”, y ese mismo día la Fiscalía pidió el antejuicio con el objetivo de despojarlo de la inmunidad y procesarlo.

El expediente fue remitido al Congreso, que deberá formar una comisión pesquisidora para que evalúe las pruebas y recomiende al pleno si es viable levantar la inmunidad del mandatario.

Para levantar la inmunidad se necesitaría el apoyo de 105 de los 158 diputados que integran el Parlamento.

El anterior

El pasado 13 de agosto, el mismo Congreso le dio un respiro al presidente cuando evitó quitarle la inmunidad por otro antejuicio, presentado por un diputado opositor por el mismo caso de defraudación aduanera.

La crisis política comenzó en abril pasado, cuando se reveló la existencia de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.

Pese a reclamos populares para que renuncie, el jefe de Estado descartó dejar el cargo en un mensaje dirigido al país la noche del domingo.

Los periodistas guatemaltecos se sumaron ayer a la exigencia de renuncia para el mandatario.

Más aislado

Pérez Molina se encuentra cada vez más aislado luego de que una decena de altos funcionarios, incluidos seis ministros, abandonaron sus cargos en medio de pedidos de renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción.

“Las renuncias de los funcionarios son una medida de presión para que entienda el presidente que debe abandonar el cargo, porque no le queda otra salida”, dijo a la AFP el miembro del Colectivo Acción Joven, José Gaitán.

Juicio a Baldetti   

La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, será procesada por dirigir una red de corrupción en el organismo de impuestos, decidió ayer un juez que aceptó la acusación del Ministerio Público (MP-Fiscalía).

El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, encontró méritos suficientes para procesar a Baldetti, sindicada de comandar la trama en el ente recaudador de impuestos, un caso que también implica al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.

Gálvez citó al MP y a la acusada para este miércoles, para definir si Baldetti es enviada a prisión preventiva hasta el inicio del juicio en una fecha que probablemente se anuncie también mañana.

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