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  • AFP

La declaración de las pandillas como grupos terroristas, avalada por la Corte Suprema, abre un frente común que une a la justicia y las fuerzas de seguridad en la lucha contra la violencia que generan esos grupos en El Salvador, dijeron autoridades este martes.

“Contra el terrorismo no hay términos medios y jamás políticas de apaciguamiento; estamos convencidos y decididos en ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado”, declaró el fiscal general Luis Martínez, sobre la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que avaló la declaración de los pandilleros como terroristas.

Martínez, un duro opositor a la negociación de una tregua con las pandillas, sostuvo que “la lucha por El Salvador es una tarea que nos debe convocar y unir a todos los buenos salvadoreños, es una lucha que debe traspasar cualquier línea política o ideológica”.

Bases legales

En tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises Guzmán, coincidió con Martínez al afirmar que “las bases legales para afrontar la situación de inseguridad están dadas” y lo que se debe hacer ahora es “trabajar diligentemente”.

“La situación de violencia es preocupante y eso amerita que los distintos actores que tienen que ver con el tema de la seguridad trabajen en conjunto, articulando su trabajo. Es la única manera de hacer bien las cosas”, señaló Guzmán a la prensa.

Miembros del Congreso también consideraron que al equiparar a las pandillas con grupos terroristas, “los jueces ya no tienen excusas” para no aplicar leyes severas a los grupos delictivos.

“Se acabó, no más excusas, se está dando la herramienta que permite castigar con dureza todo el terror que provocan las pandillas”, consideró el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del derechista partido Gran Alianza por la Unidad (GANA).

La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo establece penas de cárcel de más de cincuenta años por estos delitos y la sentencia se puede incrementar por agravantes como atentar contra bienes públicos o provocar víctimas menores de edad, mujeres o adultos mayores.

En tanto, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén celebró la decisión de la justicia al considerar que permitirá aplicar todo el peso de la ley a las bandas criminales.

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