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  • ACAN-EFE

Organizaciones defensoras de los derechos humanos rindieron hoy un homenaje a 248 alcaldes asesinados durante el conflicto interno desatado por el terrorismo en Perú, entre 1980 y 2000, 161 de los cuales murieron en manos de la banda armada Sendero Luminoso.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a familiares de los alcaldes fallecidos y activistas de derechos humanos al monumento El Ojo que Llora en Lima para colocar los nombres de las autoridades asesinadas durante la época del terrorismo, al lado de otras víctimas de la violencia política.

El acto se realizó con ocasión del aniversario número 12 de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó las denuncias de abusos y desapariciones entre 1980 y 2000.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora, Jorge Bracamonte, dijo en la ceremonia que los alcaldes fallecidos "no solo dieron su vida, sino dieron un ejemplo de compromiso con la voluntad democrática".

"Hoy hacemos memoria de los políticos que estuvieron hasta el último momento junto a su pueblo", dijo, por su parte, Javier Torres, representante de la organización Servicios Educativos Rurales (SER).

Entre las autoridades recordadas estuvo Juan Linasco Tinoco, alcalde de Quillcaccasa (región Apurímac), que fue asesinado el 8 de febrero de 1980.

Su viuda Nieves Rojas Ramírez declaró ante la CVR que la crueldad de sus asesinos llegó al extremo de extraerle el cerebro, tras ser secuestrado, torturado y asesinado.

La Coordinadora Nacional también recordó el ataque contra la teniente alcaldesa de Villa El Salvador, María Elena Moyano, que fue asesinada en 1992 de un disparo y luego su cuerpo dinamitado.

Los asesinatos ocurrieron en 17 de los 24 departamentos del Perú y dejaron severas secuelas en los familiares y comunidades de los alcaldes victimados, entre ellas el desplazamiento forzado de las familias.

El departamento más golpeado fue Ayacucho con 47 alcaldes asesinados, después Junín con 39 alcaldes asesinados, Huánuco con 29 y Puno con 21 autoridades muertas.

De otro lado, el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, informó que el gobierno del presidente Ollanta Humala ha entregado cerca de 500 millones de soles (151 millones de dólares) por concepto de reparaciones económicas a las víctimas de la violencia terrorista.

"Esta es una política de Estado que, con mucho esfuerzo, se ha continuado y se ha intensificado notablemente en esta gestión gubernamental", dijo Lechuga a la agencia estatal Andina.

"Este año se va a pagar el 100 por ciento de las reparaciones individuales, correspondientes a una afectación", precisó.

El viceministro afirmó que "el informe de la CVR, luego de varios años de violencia que sufrió el país, era una necesidad y un derecho de los pueblos, porque es un derecho la memoria, la verdad y la justicia".

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