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El presidente de Guatemala, Otto Pérez, perdió ayer su inmunidad y podrá ser investigado por su vinculación a un fraude en las aduanas nacionales, luego que el Congreso aprobara por unanimidad retirarle los fueros, en un hecho histórico para el país.

“Se declara con lugar” el retiro de la inmunidad del presidente, anunció el diputado opositor Carlos Herrera, secretario de la junta directiva del parlamento guatemalteco, tras el voto favorable de la totalidad de los 132 diputados presentes en la sesión plenaria.

El anuncio fue recibido con el estallido de petardos y gritos de júbilo de cientos de guatemaltecos que aguardaban la decisión afuera de la sede del parlamento, mientras automovilistas celebraban haciendo sonar las bocinas de sus vehículos.

Pobladores celebraron en las calles con petardos y las bocinas de los automóviles, la histórica decisión del congreso guatemalteco.

Con la decisión del Congreso, Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, se convierte en el primer presidente de Guatemala en perder su inmunidad, una decisión que lo dejó expuesto a ser investigado por su supuesta vinculación con una red denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.

Conversación telefónica   

El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.

Tales indicios incluyen una conversación telefónica en la que Pérez supuestamente ordena cambios de personal en las aduanas, algo que sus acusadores interpretan como una injerencia para facilitar las operaciones ilícitas.

El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig, en abril pasado, precipitó  la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.

Llegar o no llegar

Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de setiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero, día del cambio de gobierno, para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.

La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo a la AFP que cree que Pérez “no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos” en la justicia.

Miles de personas exigieron en los últimos meses, en jornadas de protestas inéditas en el país, la renuncia de Pérez, un llamado que fue acompañado por instituciones como la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.

 

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