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  • ACAN-EFE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó hoy un decreto con el que habilita la fecundación in vitro en el país y busca cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó la Casa Presidencial.

"Con este decreto, se cumple con la sentencia emitida en el 2012 por la CorteIDH en la que consideró que Costa Rica estaba afectando los derechos de las familias que deseaban acceder a esta técnica. El decreto garantiza la vigencia plena de los derechos humanos en Costa Rica", indica el comunicado oficial.

La fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2000 y en el 2012 la CorteIDH declaró que dicha la prohibición constituía una violación de los derechos humanos y ordenó al país centroamericano que la reactivara.

El pasado 3 de septiembre Solís puso el decreto en consultas del Colegio de Médicos y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los servicios públicos de salud.

El Colegio de Médicos avaló por completo el texto mientras la CCSS afirmó que prefiere que la técnica se regule por ley y que el Estado debe garantizar recursos financieros adicionales, pues cada tratamiento cuesta unos 40.000 dólares.

El decreto le da dos años a la CCSS para que implemente la técnica médica, a la cual puede acceder cualquier mujer mayor de edad, soltera o con pareja, pero con algunos requisitos como ser infértil y haberse sometido a otras técnicas menos invasoras.

Además, solo se permitirá la transferencia de dos óvulos fecundados como máximo.

El texto prohíbe que los óvulos fecundados sean desechados, comercializados, destruidos, clonados, alterados genéticamente, que se experimente con ellos, y tampoco se podrá realizar selección genética y la fisión.

El Ministerio de Salud deberá inspeccionar y controlar lo relacionado con esta materia, la CCSS aplicará la técnica y el Colegio de Médicos se encargará de la fiscalización de la práctica ética y la buena práctica médica.

La fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el año 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.

El Estado fue demandado por un grupo de nueve parejas con problemas de infertilidad y en noviembre de 2012 la CorteIDH declaró que la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica constituye una violación de los derechos humanos y ordenó al país centroamericano que la reactivara.

La CorteIDH declaró culpable al Estado por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, al de gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y al de no discriminación.

En la actualidad hay un proyecto de ley para legalizar la fecundación in vitro, pero no ha avanzado en el Congreso, principalmente por la oposición de diputados cristianos.

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