•   Maracaibo, Venezuela  |
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  • AFP

El contrabando sigue colándose por rutas sin control militar y fiscal en el extremo norte de la frontera con Colombia pese al cierre ordenado por el gobierno venezolano, denuncian habitantes de la zona que siguen padeciendo la escasez de productos básicos.

"El contrabando no pasa por esta carretera, sino por todas las trochas", aseguró el jueves a la AFP Andrea González, una comerciante venezolana de 33 años, refiriéndose a un centenar de caminos ilegales de tierra que conectan a ambos países en este sector del estado Zulia.

González dice que por esas rutas trasiegan gasolina y productos como harina de maíz, leche, café, aceite vegetal y arroz, así como jabón, detergente y pañales desechables, altamente subsidiados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Paraguachón, el único paso legal entre Zulia y la localidad colombiana de Maicao, ha estado custodiado por la Guardia Nacional desde el pasado lunes, cuando Maduro ordenó su cierre.

El presidente venezolano decretó además el estado de excepción en tres municipios de Zulia, lo que permite a las autoridades realizar allanamientos e interferir comunicaciones privadas sin orden de un juez, y anunció la movilización de 3.000 militares para luchar contra el contrabando.

González se quejó porque en los controles militares, que se encargan de la revisión de equipajes, le decomisaron alimentos que había adquirido en puestos de venta administrados por el propio gobierno.

 

- Esfuerzos insuficientes -

 

Los problemas de abastecimiento que se reportan en Venezuela, donde la escasez medida por encuestadoras privadas supera dos tercios de los rubros básicos, se agravan en las poblaciones más remotas.

En La Guajira, a tres horas de carretera desde Maracaibo, capital de Zulia y segunda ciudad venezolana más poblada, la venta vía contrabando impera, encareciendo los alimentos para los pobladores que se lamentan con amargura.

Nafi Silva, quien pertenece a la etnia indígena wayúu y ha podido cruzar esta semana desde Venezuela hasta el pueblo de Moina, ubicado en La Guajira colombiana, saluda los esfuerzos de las autoridades venezolanas aunque los considera insuficientes.

"Hay que colocar una comisión seria de control sobre las trochas, donde se detenga a los contrabandistas sin que las autoridades se hagan la vista gorda" ante las ilegalidades, dice esta ama de casa de 33 años y quien tiene cuatro hijos. Algunos productos básicos y otras mercaderías se consiguen por medio de "bachaqueros" (contrabandistas), que los compran a precios regulados por el gobierno venezolano y los venden por cifras que están hasta 600 veces por encima del costo original.

En Venezuela, un país con un salario mínimo oficial de unos 10 dólares (a la tasa del mercado paralelo de 700 bolívares por dólar), un kilo de arroz en el mercado informal puede costar hasta un dólar y un kilo de carne de res 1,42 dólares, muy por encima de los precios fijados por el gobierno.

La crisis en la frontera estalló el 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de tres pasos y decretó el estado de excepción en diez municipios del estado Táchira (oeste), decisión que extendió el pasado lunes a Zulia (noroeste).

Unos 1.467 colombianos fueron deportados luego del cierre de los corredores en Táchira, según Caracas por hallarse indocumentados, una medida que incluyó la demolición de casas, mientras que cerca de 18.000 huyeron por temor a ser expulsados, de acuerdo con Naciones Unidas.

Hasta ahora las autoridades no han informado sobre deportaciones desde Zulia, aunque pobladores comentan que muchos colombianos ya habían regresado a su país ante la crisis económica venezolana y luego del cierre en Táchira.

Según autoridades venezolanas, el tramo clausurado en Zulia abarca unos 600 km de los 2.219 km que comprende la línea limítrofe, donde las autoridades reportan el accionar de grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.

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