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  • ACAN-EFE

El expresidente guatemalteco Otto Pérez salió este viernes temporalmente de prisión para asistir a una audiencia judicial en la que pidió la liberación de unos 640,000 dólares depositados en cuentas a su nombre congeladas, petición que le fue rechazada.

"Tengo que hacer pagos, tengo que pagar un préstamo, tengo que pagar abogados, tengo que pagar la casa", declaró Pérez durante la audiencia en la que aseguró que los fondos son legales, contrariamente a la tesis de la Fiscalía.

Pérez se encuentra confinado en un cuartel militar en el centro de la capital desde la semana pasada, luego de que un juez avaló la investigación en su contra por la presunta participación en una red de corrupción en las aduanas, que según la Fiscalía capitaneaba el propio exmandatario.

"Establecemos que no existe indebida aplicación de la ley de extinción de dominio (...) y se declara sin lugar el recurso de apelación" planteado por el expresidente Pérez, manifestó Anabella Cardona, presidenta de la Sala Mayor de Riesgo y Extinción de Dominio, al finalizar la cita judicial que tardó unas dos horas.

Según la jurista, se trata de una medida preventiva como parte de la investigación, planteada para un periodo de tres meses.

Pérez es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de la ONU, de liderar una banda denominada "La Línea" que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.

La estructura, según la acusación, estaba integrada también por otros altos funcionarios, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo cuando se ventiló el caso y que también se encuentra en prisión preventiva.

La exfuncionaria fue trasladada este viernes de una cárcel para mujeres al hospital militar para exámenes médicos.

Pérez renunció al cargo el pasado 2 septiembre, un día después de que el Congreso, en un acto sin precedentes, decidió retirarle la inmunidad de que gozaba en función de su cargo y lo dejó expuesto a la acción de la justicia común.

Las revelaciones de corrupción que involucraron a Pérez y Baldetti provocaron protestas masivas en todo el país, en las que miles de guatemaltecos demandaron la renuncia de ambos gobernantes.

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