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  • ACAN-EFE

Una Sala de Apelaciones de Guatemala rechazó ayer un recurso presentado por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) que pretendía revertir el embargo de seis de sus cuentas en el marco de una investigación por su supuesta vinculación a una red de corrupción aduanera.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo confirmó así el embargo dictado ayer por el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, sobre seis cuentas del exjefe de Estado, con una cantidad total de 5.4 millones de quetzales en moneda local (alrededor de 692,000 dólares).

La medida implica que el dinero, registrado en cuentas bancarias a nombre de Pérez Molina, está inmovilizado.

Marco Antonio Rossell, abogado defensor de Pérez Molina, alegó ayer durante una audiencia, que parte del dinero encontrado en las cuentas bancarias del exmandatario son parte de los salarios que se le depositaron a su defendido mientras fungió como mandatario de la República.

Otra parte, agregó, corresponde a un préstamo.

Lícita y rastreable

Durante su declaración como afectado, Pérez Molina confirmó al Tribunal que esas cantidades corresponden a lo devengado como presidente de Guatemala durante los últimos años y que su procedencia es “completamente lícita” y “perfectamente rastreable”.

Asimismo, alegó que él necesita ese dinero para poder hacer frente a los gastos de sus abogados, así como a los de su vivienda.

Por su parte, la Fiscalía reiteró que hay motivos suficientes para mantener esta medida cautelar, porque existen cuatro reportes “de transacciones sospechosas”, como un cheque que proviene del ente de Fonapaz (Fondo Nacional Para la Paz) del año 2009 por valor de más de 3 millones de quetzales (unos 391,000 dólares)

El expresidente, quien dimitió el pasado 3 de septiembre tras perder la inmunidad que ostentaba en el cargo, se encuentra en prisión preventiva acusado de dirigir una red criminal que operaba en el ente recaudador de impuestos, en complicidad con más de 27 personas.

La presunta estructura fue desarticulada en sus mandos medios el pasado 16 de abril por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el 21 de agosto ambas entidades acusaron a Pérez Molina de comandar al grupo criminal.

Pérez en desacuerdo con resolución

La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011 en Guatemala, faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.

Al finalizar la audiencia, como viene siendo habitual, el expresidente Otto Pérez Molina se dirigió a los medios de comunicación para volver a defender su inocencia y avanzar que seguirán agotando todos los procesos legales que le correspondan.

No obstante, dijo estar en desacuerdo con la resolución, y agregó que obedece a una “mala intención” de la Fiscalía de “intentar jalar todo lo que pueden, aunque no tengan razón”.

El general retirado, de 64 años, fue imputado por la Fiscalía de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera por el caso de corrupción conocido como “La Línea”.

Con esta estructura también se involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión preventiva.

En referencia a la Cicig, Pérez Molina dijo sentirse “indignado” porque una persona extranjera esté pidiendo cosas en contra de un guatemalteco, una situación, zanjó, que le da “mucha cólera”.

 

 

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