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  • AFP

Venezuela acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de difamación y parcialidad "inmoral", al rechazar un informe que denunció una crisis humanitaria y violación de derechos de colombianos deportados por las autoridades venezolanas.

"Burócratas de la CIDH que se dedican a falsear la verdad sobre Venezuela, no tienen competencia ni moral alguna para opinar", afirmó la canciller Delcy Rodríguez, al referirse a los autores de la relatoría.

Integrada por cinco expertos, la comitiva de la CIDH visitó el lado colombiano de la frontera del 10 al 12 de septiembre para verificar la situación de los deportados, pero no pudo pasar a territorio venezolano al no obtener permiso de sus autoridades, dijeron en su informe, emitido en Washington.

"Condenamos la parcialización política e ideológica de la @CIDH en contra de Venezuela, por ser vulgar e inmoral", añadió Rodríguez en Twitter, y exigió al organismo no "inmiscuirse" ni "difamar" a Venezuela.

La CIDH manifestó que pudo "constatar la grave crisis humanitaria en la que se encuentran" deportados y otros colombianos que salieron por temor a correr la misma suerte o por su precaria situación en Venezuela.

La entidad, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo haber recibido "preocupante información sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones (...), la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas".

Según cifras de Naciones Unidas citadas en el reporte, desde 21 de agosto al 9 de septiembre 1.482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados o porque debido a su condición migratoria ya nos les vendían alimentos y sufrían "discriminación y persecución" por parte de autoridades.

El 26% de esta población indicó ser víctima del conflicto armado colombiano, aseguraron los delegados, que realizaron las entrevistas en varios de los albergues habilitados por el gobierno colombiano en el departamento de Norte de Santander.

Venezuela realizó las deportaciones en el marco de un estado de excepción decretado el 19 de agosto por el presidente Nicolás Maduro en varios municipios fronterizos, tras un ataque contra una patrulla militar que dejó cuatro heridos en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira y que atribuyó a paramilitares colombianos ligados al contrabando y el narcotráfico.

Maduro también ordenó cerrar amplios tramos de la zona limítrofe, de 2.219 km, generándose una crisis diplomática que acordó resolver gradualmente durante una reunión con su par colombiano, Juan Manuel Santos, el pasado 21 de septiembre en Quito.

Durante una reunión en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, Maduro se comprometió con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper, a permitir el retorno de los colombianos deportados que quieran regularizar su situación migratoria.

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