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  • AFP

La justicia guatemalteca dictó este martes prisión preventiva y abrió un proceso penal contra Juan Carlos Monzón, señalado como el operador de un esquema de corrupción que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez.

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Angel Gálvez, ordenó abrir el proceso contra el exfuncionario al encontrar suficientes indicios de su participación en el delito, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y una Comisión Contra la Impunidad de la ONU en el país (Cicig).

Eslabón aparecido

Monzón, quien se entregó el lunes a la justicia tras permanecer casi seis meses en fuga, dijo de sí mismo, en su primera declaración ante el juzgado, que es “el eslabón que necesita el Ministerio Público (Fiscalía) para cerrar esta investigación”.

El exfuncionario, que llegó bajo fuertes medidas de seguridad y con chaleco y casco antibalas, validó además la acusación que hizo la semana pasada un detenido incriminando a Pérez y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, como directores de la millonaria defraudación, revelada el pasado 16 de abril.

Es un proceso complicado donde los exgobernan-tes están implicados y su servidor también (...), nunca hacía nada inconsulto”. Juan Carlos Monzón, exfuncionario guatemalteco.

Gálvez explicó que Monzón será procesado por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Dará pruebas

Tras escuchar el veredicto, Monzón dio una improvisada rueda de prensa en la que ratificó que tanto Pérez como Baldetti están involucrados y eran los cabecillas de la estructura.

“Es un proceso complicado donde los exgobernantes están implicados y su servidor también (...), nunca hacía nada inconsulto”, aseguró.

El exsecretario privado de Baldetti comentó que aún no ha considerado convertirse en un testigo eficaz (testigo de la corona) a cambio de algún beneficio dentro del proceso.

Monzón aseguró que hace dos meses intentó entregarse y que visitó la Cicig con el objetivo de coordinar la entrega.

Sin embargo dijo que cuando regresaba en compañía de su esposa y de su hermana fue interceptado por desconocidos armados a bordo de un vehículo, quienes le amenazaron de muerte a él y a sus familiares si se entregaba.

Para la directora de la entidad Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, el desmantelamiento de esa red ilegal es un paso fundamental en el país, pero falta descubrir a los verdaderos dirigentes, toda vez que han operado sin importar “quien esté gobernando”.

  • 6 meses estuvo prófugo de la justicia el exfuncionario, quien aseguró que intentó entregarse antes, pero fue amenazado de muerte.

 

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