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  • ACAN-EFE

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, entregó hoy una compensación de más de 2,5 millones de dólares a dos poblaciones indígenas por daños causados por una hidroeléctrica, en cumplimiento de una condena impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Varela dio la compensación económica a representantes de los pueblos indígenas Kuna de Madugandí y las Comunidades Emberá de Ipetí y Piriati, las cuales fueron afectadas por la represa hidroeléctrica de Alto Bayano, construida en 1972, informó la Presidencia panameña.

"Hoy formalizamos la entrega de cheques a favor de los pueblos Kuna de Madungandí por más de 2 millones de dólares y a las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí por el monto de 560,000 dólares", indicó Varela,

En un acto celebrado en la comunidad de Akua Yala de la comarca Madugandí, en las orillas del Río Bayano, Varela, además de hacer entrega de los cheques, pidió disculpas por este caso y señaló que el Gobierno "honrará" los compromisos y obligaciones del Estado panameño en materia de derechos humanos.

El gobernante aprovechó el acto para anunciar que jueces de la CorteIDH visitarán Panamá esta semana por invitación del Gobierno para realizar una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la mencionada sentencia y un recorrido por las comunidades afectadas.

Varela dijo que Panamá desea contribuir al fortalecimiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que continúen gestionando la tutela efectiva de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Convención Americana.

La entrega de la indemnización tiene como base la sentencia impuesta en 2014 por la CorteIDH que determinó que el Estado panameño violó obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de esos grupos indígenas.

Antecedente

En 1972 el Estado panameño desalojó a varios pueblos establecidos donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Bayano en la zona del Alto Bayano.

Según manifestó la CorteIDH en su sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

En diciembre de 2014 la CorteIDH notificó la condena a Panamá, que debe pagar por daños materiales 250,000 dólares a las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y un millón de dólares para el pueblo Kuna de Madungandí, mientras que por daños inmateriales tendrá que cancelar en el plazo de un año esas mismas cantidades a cada pueblo.

La Corte también ordenó a Panamá pagar 120,000 dólares a los representantes de los pueblos por sus labores en el litigio del caso a nivel nacional e internacional.

Se ordenó además al Estado panameño demarcar las tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y a titular las tierras Ipetí con derecho a la propiedad colectiva.

El caso surgió a raíz de la construcción de la represa de Bayano, para lo cual se inundaron las tierras que habitaban los pueblos indígenas de la zona, los cuales fueron trasladados a tierras alternativas.

La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.

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