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En medio de un clima de zozobra, el gobierno de Brasil trabaja contra reloj para blindarse de un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Tras una mañana cargada de rumores, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien debe decidir si da lugar a un pedido de "impeachment" (figura jurídica que permite juzgar a un alto cargo) contra la mandataria respaldado por el principal partido de la oposición, el PSDB, por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, dio una bocanada de oxígeno al gobierno al postergar su pronunciamiento para la semana próxima.

“Va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión”, dijo este martes a la AFP un asesor de prensa de la Presidencia de la Cámara.

NUEVA PRESENTACIÓN

El PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año, es el mayor sostén político de un pedido presentado por juristas para someter a la mandataria a un proceso de destitución, iniciativa que también es respaldada por otros partidos y activistas de la sociedad civil.

El gabinete de ministros trabajó desde temprano ante la inminencia de que Cunha aceptara la solicitud de "impeachment", pero el diputado decidió demorarlo a pedido de los propios denunciantes que optaron por hacer una nueva presentación ampliada este viernes.

La demanda contra Rousseff se basa en violaciones a las leyes que rigen la administración pública, una tesis que ganó fuerza luego de que la auditoría de la República considerara que el gobierno maquilló las cuentas públicas del 2014 para dar idea de una mejor gestión.

“El "impeachment" es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El "impeachment" solo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico», dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, luego de una serie de reuniones en Brasilia.

El mercado reaccionó negativamente a la tensión política y la bolsa cayó 4% en su peor día del año. El real, por su parte, retrocedió 3.47%.

UNA VEZ MÁS, CUNHA

Tras 12 años del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en el poder, muchos parecen oler sangre en el agitado mar político de Brasil.

Con apenas un 10% de apoyo a su gestión en las encuestas, Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica, por las revelaciones de una gigantesca trama de corrupción en Petrobras que salpican al PT y por la incapacidad del gobierno para articular una base robusta de legisladores en una democracia estructurada en torno a alianzas parlamentarias.

Durante la jornada, la corte suprema declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud de "impeachment", la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre Cunha.

DESTITUCION Y JUICIO

La decisión del alto tribunal no afecta sus potestades sobre el tema, consideró Cunha, un carismático diputado evangélico con gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro que comenzó el año como aliado de Rousseff, pero que se fue dividiendo en distintas tendencias.

Cunha se declaró opositor hace unos meses tras ser acusado por la justicia de cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de Petrobras. En ese entonces, adujo que detrás de la denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.

Destituir a un mandatario a través de un "impeachment" implica una larga travesía que tiene estaciones jurídicas, procesales, políticas y hasta sociales.

 

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