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  • ACAN-EFE

Un informe presentado hoy en Guatemala alerta de la discriminación y las "grandes desigualdades" que sufren las mujeres de Centroamérica a la hora de poder acceder a la tierra.

Bajo el título "Tierra para nosotras", la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) y la ong Oxfam buscan, además de visibilizar esta problemática, exigir a los Estados de la región que "den respuesta o contribuyan a erradicar las desigualdades" que enfrentan, hoy por hoy, las mujeres rurales.

Según el estudio, más de 10 millones de mujeres rurales viven en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y ellas, campesinas e indígenas, trabajan más de 15 horas diarias para asegurar "la subsistencia y la alimentación de sus familias", desempeñando un papel fundamental en las "frágiles economías rurales de la región".

A pesar de este rol importante, agrega el documento presentado este jueves en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, las mujeres tienen un papel "invisible".

Por ejemplo, en Nicaragua, según el último censo agropecuario, se contabilizan 61.000 mujeres productoras agrícolas respecto a una población total de 1,100,000 mujeres rurales.

Este punto también se ve en toda la región de América Latina, donde de los 58 millones de mujeres rurales, solo 17 millones son "reconocidas como parte de la población económicamente activa".

Esta "brecha de género" en el acceso a la tierra se da en los cuatro países de Centroamérica en los que se hizo el estudio -El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua-, dónde a pesar de haber leyes que reconocen "la igualdad de derechos entre hombres y mujeres" se da una "profunda brecha entre la igualdad formal y la igualdad real".

Es decir, en la práctica las mujeres rurales tiene cada vez menos acceso a la tierra, es de peor calidad y con menor seguridad jurídica.

Según los últimos datos disponibles, las mujeres apenas poseen el 12 por ciento de la tierra en Honduras y utilizan el 15 por ciento en Guatemala.

En caso de El Salvador, solo el 13 por ciento de los títulos de propiedad están a nombre de una fémina y en Nicaragua el 23 por ciento de las explotaciones agrícolas están dirigidas por mujeres.

El informe resalta que es importante asegurar e igualar el acceso a la tierra de las mujeres porque esta posesión "condiciona las relaciones de poder" y, además, favorece a la "autonomía económica".

Pero también ayudar a ampliar el acceso de las mujeres a este bien y a otros activos productivos como la asistencia técnica y financiera "mejoraría la productividad agrícola hasta un 30 por ciento", lo que ayudaría a "erradicar el hambre y la pobreza rural" porque permitiría disponer de más alimentos a un precio menos, contribuyendo a "la soberanía alimentaria".

Ante toda esta situación, el estudio propone eliminar las barreras culturales e institucionales, reconociendo el papel de la mujer como ciudadanas "sujetas de derechos" con un papel clave en la economía familiar y nacional.

Para ello, apostilla, es necesario "superar" la visión de "mujeres vulnerables", restituyendo los derechos de las mujeres en el acceso a la tierra junto a otros recursos esenciales como el agua, el transporte o el crédito.

De manera pormenorizada, piden al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emitir recomendaciones a los Estados miembros, tomar en cuenta a las mujeres rurales y buscar iniciativas para invertir esta situación.

Al Gobierno de El Salvador le exige realizar un inventario de la tierra disponible, aprobar la promulgación del Código Agrario con Enfoque de Género Propio de 1999 y fomentar las líneas de crédito.

Por su parte, exhortan a Nicaragua a reformar la Ley General de Cooperativas para fomentar la equidad de género y eliminar "la actual exclusión de las mujeres" y restablecer la autonomía del sector cooperativo.

En Honduras, el estudio ve necesario que se diseñe y apruebe un plan de emergencia y distribución de tierras a las mujeres rurales que habitan en las zonas más pobres y con riesgo.

Por último, piden al Gobierno de Guatemala que anule "las licencias a megaproyectos" agrícolas, hidroeléctricos y de minería porque "amenazan la vida" de las comunidades, "destruyen la naturaleza, generan conflictos y dan lugar a graves problemas sociales".

En Guatemala, con 15 millones de habitantes, el 52 por ciento de la población es de sexo femenino, y la discriminación y el racismo son dos de los principales problemas que enfrentan las mujeres en el área rural.

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