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  • AFP

Entidades defensoras de los derechos humanos y académicos de todo el continente divulgaron este jueves una carta abierta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para pedirle más empeño en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el año pasado.

La carta abierta, difundida en Washington, urge a Peña Nieto "a aumentar los esfuerzos de su gobierno respecto al caso. Es imperativo que el gobierno despliegue el mayor esfuerzo, recursos, responsabilidad, cuidado y compromiso" para "encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa".

El documento también destaca que durante la investigación realizada por autoridades mexicanas hasta ahora sobre este hecho, "casi 300 casos adicionales de desapariciones en la zona de Iguala han salido a la luz", y que entre 2007 y 2015 el número de personas desaparecidas ya llega a 25.000.

En ese escenario, los firmantes de la carta apoyan el llamado de las familias de las víctimas para que el mandato del Grupo de Expertos Interdisciplinarios Independientes (GIEI) se "extienda por el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta la obligación del gobierno de aclarar lo sucedido".

El GIEI es un grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas, para acompañar la marcha de las investigaciones sobre el caso.

De acuerdo con la misiva, "mientras los estudiantes permanezcan desaparecidos el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas".

Los responsables por el documentos también piden que una nueva unidad de investigación sea asignada al caso y que el gobierno permita a los peritos del GIEI interrogar a autoridades locales, "incluyendo el ejército mexicano y la policía federal".

Es necesario, apunta la carta abierta a Peña Nieto, "poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas y la impunidad de estos crímenes en México".

La lista de firmantes de la carta incluye entidades como Human Right Watch, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, le Fundación para del Debido Proceso Legal, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Washington Office on Latin America, y la Fundación Robert Kennedy, entre muchos otros.

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