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  • ACAN-EFE

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó ayer su respaldo al juez Miguel Ángel Gálvez, encargado entre otros casos de “La Línea” y advirtió de que, durante los últimos meses, se le han ocasionado “numerosos ataques injustificados” desde diversos sectores de la sociedad de Guatemala.

El ente explicó, a través de una declaración pública este viernes, que una misión reciente de la CIJ, encabezada por su comisionado José Antonio Martín Pallín, constató que los jueces de Guatemala “continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Esta intromisión, agregó, se produce, especialmente, en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado “injustificado” de jueces. En este sentido, explicó que Gálvez, encargado del Tribunal B de Mayor Riesgo, “ha afrontado riesgos de traslado en los últimos seis meses”.

Ante esta situación, la CIJ concluyó que la actuación del juez “se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de los sindicados”, por lo que manifestó “su preocupación” por la acumulación “excesiva” de asuntos judiciales de su competencia que hacen “imposible” una actuación dentro de los plazos establecidos en la ley.

Excesiva carga

En este sentido, demandó al Supremo “con toda firmeza” que tome medidas efectivas de apoyo hacia Gálvez para que pueda “concentrarse” en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan a la ciudadanía guatemalteca.

“Ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el juez Gálvez tiene que hacer frente”, proclamó la CIJ, y agregó que cualquier retraso se debe a la “inactividad” de la Corte Suprema de Justicia “que no nombra a jueces de apoyo”.

Gálvez, graduado como abogado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ha conocido casos de alto impacto en Guatemala como el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano, el caso Rosenberg o la red de Pavón, además de haber elevado a juicio la causa de la acusación de genocidio de José Efraín Ríos Montt.

Actualmente, entre otros casos, es el encargado de “La Línea”, un caso de defraudación aduanera que implica a más de 40 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva por supuestamente liderar la estructura.

El próximo mes de diciembre, ambos exfuncionarios, acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, conocerán si deben o no enfrentar un juicio por esta red criminal. 

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