•   Caracas, Venezuela  |
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  • ACAN-EFE

El gobierno venezolano prorrogó el estado de excepción en seis municipios del estado Táchira (oeste), decretado dos meses atrás para enfrentar el contrabando y el crimen organizado en la frontera con Colombia, se informó oficialmente este martes.

"Se prorroga por 60 días el plazo establecido" el 21 de agosto, señaló un decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro y publicado en la gaceta oficial.

La medida, que incluye el cierre de la frontera, fue ampliada con el argumento de que en la zona "subsisten las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social".

Gradualmente, a lo largo de agosto y septiembre, el estado de excepción fue extendido a otros cuatros municipios de Táchira, diez del estado Zulia (noroeste) y tres de Apure (suroeste), también limítrofes con Colombia.

Restricciones

Dicha extensión también incluyó el cierre de los pasos binacionales. El estado de excepción prohíbe el porte de armas, autoriza allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, y restringe el derecho de reunión, un tema sensible de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que la frontera, de 2,219 km, seguirá cerrada mientras allí no reine la legalidad, por lo que se da por descontado que las medidas de excepción serán renovadas igualmente en los otros territorios.

Según el decreto, la prórroga permitirá al Estado disponer de medidas para enfrentar el "contrabando de extracción (...), así como la violencia delictiva que le acompaña".

El mandatario socialista decretó el estado de excepción y los cierres fronterizos tras un ataque contra una patrulla militar en la ciudad de San Antonio del Táchira, el 19 de agosto, que dejó cuatro heridos y atribuyó a paramilitares colombianos vinculados al narcotráfico y el contrabando, especialmente de gasolina.

En el marco de esas medidas, las autoridades deportaron a 1,482 colombianos indocumentados residentes en el área limítrofe, mientras que 19,952 retornaron por temor a ser expulsados, según Naciones Unidas.

A varios deportados les fueron demolidas las casas o tuvieron que salir con sus enseres a cuestas, lo que el gobierno colombiano denunció como "un drama humanitario" agravado, según dijo, por violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades venezolanas.

La situación derivó en una crisis humanitaria que se empezó a zanjar durante una reunión entre Maduro y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, el 21 de septiembre en Quito, en la que acordaron el retorno de embajadores y la normalización progresiva de la frontera.

MUD: prórroga es medida electoral

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) criticó que el gobierno de Nicolás Maduro haya prorrogado 60 días el estado de excepción que opera desde hace más de dos meses en parte de la frontera con Colombia y señaló que la medida tiene fines electorales.

“La medida del gobierno del señor Maduro es una medida que no tiene nada que ver ni con el problema económico en la frontera, ni con el problema de criminalidad (...). La única utilidad real que para el gobierno tiene esto es de naturaleza electoral”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, al canal colombiano NTN24.

Según el vocero, aunque la prórroga no vulnera el derecho al sufragio, si impide la realización de la campaña electoral, pues están prohibidas las reuniones de más de cinco personas.

  • 1,492 colombianos indocumentados fueron deportados en agosto. Otros 19,952 abandonaron el país por temor a ser deportados.
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