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  • EFE

La oposición brasileña entregó hoy a la Cámara de Diputados un nuevo pedido para un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ahora fundamentado en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y que se extendieron a 2015.

"Este no es un movimiento solo de oposición", pues "representa a la población brasileña que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto", declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras formaciones opositoras.

El documento entregado hoy sostiene que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario, al avalar maniobras fiscales dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y que, según órganos de contraloría, continúan al día de hoy.

El nuevo pedido de juicio político está firmado, entre otros, por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, quien estuvo presente en el acto.

El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.

Sin embargo, Cunha es, según establecen las leyes, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", como serían los manejos irregulares de las finanzas públicas.

Eso precisamente es lo que alega la oposición, según la cual se ha "comprobado" que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos cuando avaló maniobras fiscales que permitieron maquillar los resultados que el Gobierno presentó el año pasado.

Los balances de las cuentas públicas el año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido incluso durante este año.

 

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