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Los sindicatos del principal puerto del país, de la distribuidora de combustibles y de la electricidad y las telecomunicaciones, empresas todas de propiedad estatal, iniciaron ayer un paro para exigir la estabilidad de sus condiciones laborales.

Los muelles en el puerto de Moín, en la caribeña provincia de Limón, 160 kilómetros al este de San José, quedaron paralizados desde primera hora de la mañana, según reportes de diferentes medios de comunicación.

La terminal portuaria, por donde se realiza el 80% del comercio exterior del país, fue tomada por efectivos de la Policía que resguardan las instalaciones.

Mientras tanto, los trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que tiene el monopolio estatal de la distribución de combustibles, se sumaron al movimiento convocado por el bloque sindical Patria Justa, integrado mayoritariamente por sindicatos del sector público.

RECHAZAN LEY

En la protesta participan también los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de energía y telecomunicaciones, aunque los servicios que presta la empresa no han sido suspendidos.

Miles de manifestantes se congregaban en la mañana del lunes en la Avenida Segunda de la capital para realizar una marcha hasta la Casa Presidencial, donde los dirigentes esperan ser recibidos por autoridades del gobierno.

Los sindicatos se oponen a proyectos de ley que analiza el Congreso que buscan regular el empleo en el sector público, y que incluye la imposición de un salario único para puestos similares en todas las instituciones.

Además, las iniciativas pretenden establecer límites a los beneficios laborales que se otorguen a los trabajadores por medio de convenios colectivos de trabajo, que tienden a elevar considerablemente los presupuestos de las instituciones y empresas estatales.

DÉFICIT FISCAL

Las presiones por regular el empleo han aumentado en un contexto de severo déficit fiscal, que este año rondará el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que las autoridades proyectan será de 6,7% en 2016.

El presidente Luis Guillermo Solís aseguró que su gobierno está abierto al diálogo con todos los sectores sociales, pero advirtió que no permitirá que los servicios públicos sean interrumpidos.

“Deseo que todas las reivindicaciones de los grupos sociales y productivos sean respetuosamente conocidos y en lo posible resueltos en el más breve plazo. Sin embargo, hay un límite que no voy a transgredir, que es el derecho de las mayorías a disfrutar de los servicios del Estado”, manifestó el gobernante en una cadena de radio y televisión la noche del domingo.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, hizo este lunes un llamado a la dirigencia sindical para sentarse “de manera inmediata” en una mesa de diálogo para buscar poner fin al movimiento lo antes posible.

“Estamos dispuestos a hacerlo, nosotros somos quienes hemos pedido el diálogo al gobierno”, replicó el coordinador del bloque sindical Patria Justa, Albino Vargas.

 

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