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  • AFP

Más de 50,000 norcoreanos han sido enviados a trabajar fuera de su país, sobre todo a Rusia y China, en condiciones que, según un experto en derecho de la ONU, equivalen a trabajos forzados.

El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte, Marzuki Darusman, dijo que Pyongyang estaba incrementando la exportación de trabajadores para atraer salarios en divisas más fuertes.

Darusman detalló la situación de los norcoreanos que trabajan fuera de su país en su informe anual presentado a la Asamblea General, que este año volverá a adoptar una resolución condenando la situación de los derechos en el país asiático.

"Los nacionales de RPDC (República Popular de Corea) han sido enviados a trabajar a varias partes el mundo, donde trabajan bajo condiciones que equivalen a trabajos forzados, por si mismos o por los gobiernos que los reciben", dijo Darusman en una rueda de prensa este miércoles.

Llamando la atención de la ONU sobre los trabajadores que salen de Corea del Norte, Darusman advirtió en un informe de que las compañías que los contratan "se convierten en cómplices de un sistema de trabajo forzado inaceptable".

El experto dijo que estos trabajadores eran empleados sobre todo en construcción, minería, industria textil y explotación forestal, y que no eran informados sobre sus contratos, que eran negociados por Pyongyang.

La mayoría son empleados en Rusia y China, pero el responsable indicó otros 15 países incluyendo Argelia, Angola, Kuwait y Polonia.

Una compañía de construcción de Catar mandó de regreso a 90 norcoreanos este año, cuyos supervisores les obligaban a trabajar más de 12 horas al día y no les alimentaban lo suficiente. Uno de estos trabajadores murió a causa del trato vejatorio, según el informe, que será discutido en la Asamblea General esta semana.

Darusman añadió que, en general, no había habido una mejora de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, citando otros temas como la situación en los campos de detención, e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para que hiciera comparecer al país ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

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