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  • EFE

El futuro de la pena de muerte en EE.UU. entró en la contienda presidencial del Partido Demócrata después de que Hillary Clinton reiterara su apoyo "relativo" a ese castigo y Bernie Sanders expresara un rotundo rechazo, mientras que entre los aspirantes republicanos reina el consenso a su favor.

La exprimera dama, la mejor posicionada para obtener la nominación demócrata, constató que "hay un montón de evidencias de que la pena de muerte se ha aplicado con demasiada frecuencia y de forma discriminatoria en demasiadas ocasiones" durante las últimas cuatro décadas, desde que el Tribunal Supremo la reinstauró en 1976.

"Sin embargo, no soy partidaria de abolirla porque creo que hay casos atroces que aún merecen la pena de muerte", dijo Clinton al matizar que a ella le "gustaría" ver la pena de muerte para casos "excepcionales", en oposición a lo que se ha visto en la mayoría de los estados.

"Hay que repensarla seriamente", agregó.

El posicionamiento de Clinton fue rebatido casi de inmediato por su principal oponente, el senador por Vermont Bernie Sanders, quien dijo que abolir la pena de muerte "es lo correcto" y argumentó que el Gobierno "no debería implicarse en el asesinato de otros estadounidenses".

"Preferiría ver a nuestro país al lado de las democracias europeas en lugar de con países como China, Irán, Arabia Saudí y otros que mantienen la pena de muerte", dijo Sanders, que apeló a los votantes demócratas contrariados con las opiniones de Clinton.

Por su parte, el exgobernador de Maryland Martin O'Malley, tercero en discordia en la contienda, también rebatió a Clinton: "La pena de muerte discrimina por raza, no disuade a los criminales y debemos abolirla".

Las opiniones de los candidatos demócratas, ya sean Clinton, Sanders u O'Malley, difieren de la quincena de republicanos que aspiran a la Presidencia del país, entre los que reina un consenso, con algunos matices, a favor de mantener el castigo capital.

Hay cuatro de ellos que, como gobernadores, promovieron la pena de muerte y propiciaron numerosas ejecuciones.

Jeb Bush supervisó 21 ejecuciones en Florida entre 1999 y 2007, Mike Huckabee 16 en Arkansas entre 1996 y 2007, Jim Gilmore 37 en Virginia entre 1998 y 2002, mientras que John Kasich lleva 11 en Ohio desde que asumió en 2011.

Bobby Jindal, gobernador de Luisiana, también supervisó una ejecución en 2010 y se ha mostrado partidario de la pena de muerte para los "crímenes más graves", aunque el que tenía el récord era el exgobernador de Texas Rick Perry, quien abandonó recientemente la carrera presidencial y que supervisó 279.

Entre el resto de candidatos, Donald Trump, que ha liderado las encuestas en los últimos meses, dijo hace unas semanas que "la pena de muerte debe ser firmemente reintroducida" en el país, en respuesta al declive en el que está sumida.

El senador por Texas Ted Cruz, por su lado, afirmó que "la pena de muerte es un reconocimiento al valor de la vida humana que debe aplicarse para los peores crímenes", después de que el papa Francisco pidiera su abolición cuando visitó Estados Unidos en septiembre.

El senador por Florida Marco Rubio no solo apoya el castigo capital, sino que ha criticado que las apelaciones contra las condenas a muerte "ralentizan" las ejecuciones.

Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey, y George Pataki, exgobernador de Nueva York, han tratado infructuosamente de reinstaurar la pena de muerte en sus estados, abolida en 2007.

Carly Fiorina, Rick Santorum y Lindsey Graham también son partidarios del castigo capital, mientras que el neurocirujano Ben Carson, en una posición más ambigua, se ha mostrado comprensivo con los que se oponen a la pena de muerte por sus costes económicos.

Una encuesta elaborada recientemente por la firma Gallup reveló que el 82 % de los votantes republicanos es partidario de la pena capital, un porcentaje que cae hasta el 49 % entre los demócratas.

En total, el 61 % de los estadounidenses aún apoya este castigo, mientras que el 37 % está en contra.

La salud de la pena de muerte pasa por su peor momento en el país, con los registros más bajos de condenas y ejecuciones, paralizada en la mayoría de los estados por litigios legales, con dificultades para obtener fármacos para las inyecciones y con una campaña por la abolición a la que se han adscrito dos de los nueve magistrados del Tribunal Supremo.

Desde que el Tribunal Supremo la reinstauró, Estados Unidos ha ejecutado a 1.419 presos, 25 de ellos este año.

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