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  • AFP

El número de presos por delitos de drogas no violentos se disparó en la última década en varios países de América Latina, con incrementos de hasta el 320 %, y por encima de la población penitenciaria en general, reveló hoy un informe del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).

"Una de cada 5 personas en prisión está por delitos de drogas y la población encarcelada por drogas en varios de esos países ha aumentado en mayor proporción" que la presidiaria, señaló Alejandro Corda, investigador del CEDD de Argentina, en la presentación del estudio en México.

El informe, presentado junto al Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia en Económicas (CIDE) y la Cámara de Diputados de México, contempla nueve países de la región: Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y México.

En estas naciones, la tasa de población en penales por delitos como tráfico de drogas a muy pequeña escala o transporte varía del 10 % en México al 27 % en Bolivia.

En todos los países sobresale el aumento de presos por drogas en años recientes. Por ejemplo, en Brasil el número de encarcelados por este crimen subió el 320 % entre 2005 y 2012, en contraste con la subida de 51 % para la población carcelaria en general.

En el gigante suramericano, las personas en prisión por delitos menores de drogas representan el 25 % de los 548,000 presidiarios, siendo el país con más encarcelados.

En Colombia, con una tasa de población entre rejas de 245 personas por cada 100.000 habitantes en 2014, el número de presos por drogas creció un 269 % en los últimos 14 años hasta las 23,141 personas, mientras que el aumento total en cárceles fue del 136 %.

Asimismo, en México, uno de los principales países afectados por el narcotráfico, la población recluida por delitos contra la salud aumentó un 1,200 % entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014.

Mientras, los presos por delitos específicos de drogas subieron el 19 % entre 2011 y 2013, hasta las 26,098 personas, y superior al 7 % de incremento de la población encarcelada general.

El 60 % de las personas recluidas en nueve estados mexicanos lo están por delitos relacionados con el cannabis.

"Sin embargo, (la privación de libertad) no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas", ya que estos detenidos son "actores menores del tráfico, fungibles y en situaciones de vulnerabilidad", valoró Corda.

El estudio destaca también "un aumento preocupante de mujeres encarceladas por delitos de drogas", siendo la gran mayoría "madres solteras, jóvenes y personas de bajos recursos y frecuentemente pertenecen a minorías étnicas".

En Costa Rica, Perú y Brasil, las mujeres presas por drogas representan respectivamente el 75 % (2011), el 60,6 % (2014) y el 60,6 % (2013) del total poblacional.

En Argentina, son el 65 % de las mujeres presas creciendo en número absolutos un 271 % entre 1989 y 2008, mientras que en México son el 44,8 % de las encarceladas en prisiones federales y el 14,2 % de las presas en centros locales.

Los datos "muestran problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la política de drogas y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de las drogas", dijo el diputado mexicano Vidal Llerenas.

El estudio concluye que "las sentencias largas e injustas han tenido un efecto particularmente negativo en las mujeres, cuya encarcelamiento viene creciendo, y refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijas e hijos" , dijo Catalina Pérez, profesora del CIDE y coordinadora del proyecto.

Además, plantea una serie de alternativas al encarcelamiento por delitos menores como desviar casos a otras instancias antes de la entrada al sistema penal, establecer sanciones proporcionales al delito o la liberación anticipada de sentenciados, entre otros.

"La cárcel, como respuesta a delitos menores de drogas o a los que se cometen bajo el abuso de estas, es una medida poco eficaz y contraproducente para proteger la salud y seguridad públicas", consideró el documento, que tildó la situación de "crisis carcelaria".

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