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  • EFE

Un nuevo rechazo del Tribunal de Cuentas a los balances del gobierno de Dilma Rousseff ha animado a la oposición brasileña, que ayer sostuvo que ese fallo “comprueba” que ha violado la ley y que debe ser sometida a un juicio político.

El trámite para el inicio de un proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó este martes en la Cámara baja, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo suspendió hasta el miércoles de la semana próxima, cuando establecerá algunos procedimientos para el juicio que han sido puestos en duda por el oficialismo.

Lo que estamos discutiendo es exactamente eso. Si el Gobierno cumplió o no cumplió la ley, y el Tribunal de Cuentas dice que no”. Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Ese paréntesis fue interrumpido por una decisión del Tribunal de Cuentas, que rechazó los alegatos presentados por el Gobierno sobre unas irregularidades en sus balances de 2014, que según ese órgano de contraloría han continuado este año, lo cual ha dado pie a la oposición para poner en marcha el proceso contra Rousseff.

El Tribunal de Cuentas “ha dicho otra vez que la presidenta incumplió la ley” e incurrió en un “delito de responsabilidad”, que según la Constitución puede llevar a su destitución, declaró ayer el senador Aécio Neves, presidente del Partido de la Social

Democracia

Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora del país. Uno de los principales alegatos del Gobierno fue que el atraso en el envío de recursos a la banca pública es “común” y que ya ocurrió durante las gestiones de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), antecesores de Rousseff.

“Irregularidades graves”

Sin embargo, el Tribunal rechazó por unanimidad ese argumento y ratificó la sentencia dictada a mediados de año, la cual dice que se trata de “irregularidades graves” y prueban que “el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse”, en un “claro incumplimiento” de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que disciplina el gasto público.

“Lo que estamos discutiendo es exactamente eso. Si el Gobierno cumplió o no cumplió la ley, y el Tribunal de Cuentas dice que no”, apuntó el presidente del PSDB, uno de los partidos de oposición que han promovido la apertura del juicio político contra Rousseff.

La oposición también anunció ayer que obstruirá con mecanismos del reglamento interno de la Cámara de Diputados todas las votaciones que están pendientes hasta tanto el Supremo no permita reanudar el proceso con vistas al juicio político contra Rousseff.

Esa decisión pone en riesgo la aprobación de algunas medidas del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para intentar enderezar la maltrecha economía del país, pero el diputado José Mendonça Bezerra Filho, jefe del grupo del partido

Demócratas, afirmó que “lo más importante para Brasil es comenzar” el proceso contra Rousseff.

Malestar

La mandataria viajó ayer hacia Buenos Aires para asistir a los actos de investidura del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, y, como manda el protocolo, el vicepresidente, Michel Temer, quedó a cargo de la presidencia en su ausencia.

Temer disparó todas las alarmas en el Gobierno esta semana con una explosiva carta en la que expresó su profundo malestar personal con Rousseff, pero también el que existe en el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que él mismo lidera.

En esa carta, que llegó a la prensa por caminos aún no aclarados, Temer manifestó que Rousseff “nunca” ha confiado en él y que lo ha tratado como un objeto “decorativo”.

Sobre el PMDB, indicó que solo ha sido convocado por el Gobierno para resolver alguna crisis, como la actual, pero que más allá de eso ha sido un “mero accesorio, secundario y subsidiario”, al que ni siquiera se le consulta para las decisiones políticas y económicas.

El Gobierno ha mantenido un absoluto silencio sobre esa carta, pero Rousseff convocó a Temer para una reunión privada la noche de este miércoles, sobre la cual casi no ha habido información.

Solo hubo una breve nota oficial, de apenas un párrafo, en la que Rousseff dijo que acordaron mantener “una relación provechosa, tanto personal como institucionalmente”, lo cual fue confirmado por Temer con esas mismas y escasas palabras.

 

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