•   Brasilia, Brasil  |
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  • EFE

Miles de personas confirmaron ayer su presencia en diferentes actos de protesta convocados para hoy domingo por movimientos sociales que exigen la dimisión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Grupos como “Vem pra Rua”, “Movimento Brasil Livre” o “Revoltados on Line” pusieron en marcha la semana pasada la organización de protestas en 90 ciudades de Brasil en apoyo al inicio del juicio político con miras a la destitución de Rousseff, aprobado por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, el pasado 2 de diciembre.

Los propios grupos convocantes, que se dicen al margen de partidos políticos, no prevén que la asistencia este domingo sea masiva, pero esperan que sirva para calentar motores de cara a la escalada de protestas que planean organizar a comienzos de 2016.

Julio Lins, portavoz del movimiento “Vem pra Rua”, comentó a Efe este viernes que, debido a la falta de tiempo, la convocatoria “será grande”, pero nada comparable a las manifestaciones de abril o agosto pasados, cuando millones de personas tomaron las calles en protesta por la corrupción y la crisis económica del país.

Denuncian censura

Además de la falta de tiempo, en las últimas horas los grupos convocantes han denunciado diversas maniobras de censura con el fin de boicotear su llamamiento a la participación ciudadana.

“¡Siempre somos bloqueados antes de las manifestaciones! Comparte... ¡Denuncia!”, señaló la mañana de ayer el grupo “Revoltados on Line” en un mensaje publicado en su página de Facebook, con el que denunciaba que los administradores de su página oficial han sido bloqueados durante 30 días por parte de la red social.

Un vocero de “Revoltados on Line” acusó directamente a la red social de haber bloqueado las cuentas de los responsables del grupo, a instancias del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), con el fin de evitar que las protestas puedan tener una mayor repercusión.

Por su parte, “Vem pra Rua” publicaba a principios de la tarde de ayer, también en Facebook, un mensaje en el que denunciaban haber estado cuatro horas “fuera del aire, sin ninguna explicación razonable” y apostillaba “eso se llama censura”.

Las protestas tendrán lugar en sitios emblemáticos a lo largo de todo el país, como la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro; la Avenida Paulista, en Sao Paulo, o frente al Congreso Nacional, en Brasilia.

Pese al distanciamiento que marcan estos movimientos sociales de los grupos políticos, varias formaciones opositoras, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se han sumado a la convocatoria y animado a los ciudadanos a participar en las protestas.

La presidenta Rousseff atraviesa en estos momentos el momento más delicado de su mandato, con sus niveles de popularidad bajo mínimos, y con un vicepresidente, Michel Temer, que recientemente marcó las distancias con el gobierno del PT mediante una carta difundida por los medios.

Temer es el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país y el principal apoyo de la coalición que conforma el gobierno de Rousseff, por lo que este distanciamiento podría suponer que el PT pierda el apoyo necesario en la Cámara baja para evitar que el proceso de destitución prospere.

Los cargos a los que hace frente Rousseff se fundamentan en una serie de maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continúo en 2015 con el fin de maquillar sus cuentas.

Aunque el trámite para el inicio del proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó el pasado martes en la Cámara baja, ese mismo día la Corte Suprema lo suspendió hasta el miércoles, 16 de diciembre, cuando se pronunciará sobre algunos procedimientos para el juicio que han sido puestos en duda por el oficialismo.

Una vez que se esclarezca la forma en que debe realizarse el trámite, el proceso quedará en manos de una comisión especial de la Cámara de Diputados que analizará si las acusaciones contra la jefa de Estado tienen peso jurídico como para iniciar un juicio político.

El parecer de la comisión deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de que se decida avanzar hacia una posible destitución, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político. 

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