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  • EFE

El 2015 no ha sido un buen año para los expresidentes de Centroamérica: hay dos privados de libertad, Otto Pérez Molina y Francisco Flores, uno libre bajo fianza, Rafael Callejas, y un cuarto con orden de detención, Ricardo Martinelli.

Pero no solo en el istmo centroamericano la justicia sigue interesada en los expresidentes. La cofradía de los que gobernaron y ahora están denunciados, investigados, imputados, procesados o condenados no para de crecer en toda la región.

El argentino Carlos Menem (1989-1999) acaba de ser condenado de nuevo, en esta ocasión por el pago de sobresueldos en su Gobierno, y el brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992) es uno de los políticos investigados por la trama de corrupción en la petrolera Petrobras, lo que le ha traído como consecuencia por ahora la incautación de cuatro automóviles de lujo.

La sombra del escándalo de Petrobras ronda a otro exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), pues varios conocidos y allegados suyos están entre los investigados y condenados, al igual que ocurrió en el anterior gran escándalo de corrupción en su país, conocido como “mensalao”.

Presos y acusados

Sobre el guatemalteco Pérez Molina (2012-2015), el salvadoreño Flores (1999-2004) y el hondureño Callejas (1990-1994) pesan acusaciones de corrupción, mientras que la justicia busca al panameño Martinelli por escuchas ilegales, aunque además tiene abiertas otras causas por supuesto mal uso de fondos públicos.

El Tribunal Supremo de Panamá dictó este lunes una orden de detención contra Martinelli, quien reside en EE.UU. desde enero de 2015 y afirma ser un perseguido del actual jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, quien previamente fue su vicepresidente.

Antes de esta decisión que puede abrir el camino hacia una orden de búsqueda y captura internacional, Martinelli, un empresario metido a político, fue declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia en la causa de las escuchas ilegales, en la que está acusado de delitos que pueden costarle 21 años de cárcel.

También está en EE.UU. el expresidente hondureño Rafael Callejas (1990-1994), quien este mes viajó voluntariamente a ese país para hacer frente a una acusación relacionada con la trama de corrupción destapada dentro de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

Callejas, que era miembro de la Comisión de Mercadotecnia y Televisión de la FIFA y hasta el pasado 1 de agosto era también presidente de la Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras, se declaró no culpable ante un juez de Brooklyn, quien días después le concedió la libertad bajo una fianza de 4 millones de dólares.

El pasado 17 de diciembre pagó la suma solicitada y, según dicen los medios hondureños, está viviendo en Nueva York en casa de un excompañero de universidad.

No obstante, el juez dispuso una serie de medidas para evitar que Callejas se fugue.

Las acusaciones contra Callejas tienen que ver con las concesiones de los derechos de transmisión por televisión de partidos de la selección nacional de futbol de Honduras, no con su mandato presidencial.

Al salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), que desde este lunes cumple arresto domiciliario, se le acusa de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros 10 millones hacia una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El dinero fue donado por Taiwán a El Salvador para financiar programas de reconstrucción y atención a las víctimas de dos sendos terremotos que asolaron al país centroamericano en 2001.

El inicio del juicio contra el exmandatario, quien desde 2014 ha estado encarcelado y también durante algún periodo en arresto domiciliario, beneficio del que vuelve a gozar ahora, está previsto para el 18 de enero de 2016.

El caso más resonante es, sin embargo, el del guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), quien cumple prisión preventiva después de haber tenido que renunciar en septiembre pasado a la Presidencia por ser uno de los presuntos dirigentes de una trama de corrupción enquistada en las aduanas del país.

Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que renunció antes que él, han sido acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y en enero próximo se conocerá si van o no a juicio por corrupción.

En una reciente entrevista con el diario español El País, Pérez Molina, que renunció presionado por movimientos civiles anticorrupción e insiste en su inocencia, señaló que “no basta con meter a un presidente en la cárcel para lograr un futuro mejor”.

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