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La oposición venezolana asumió ayer el control del parlamento con un llamado a “cambiar” el gobierno de Nicolás Maduro, sumido en una profunda crisis política y económica, e incluso lograr una salida anticipada del presidente “por vía constitucional”.

“Aquí hoy las cosas cambian”, sentenció en su discurso el veterano diputado y acérrimo antichavista Henry Ramos Allup, nuevo presidente del parlamento, durante la ceremonia que terminó con casi 17 años de hegemonía chavista en el Congreso.

Ramos Allup reiteró la oferta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de proponer “en un lapso de seis meses” una vía “para cambiar el gobierno por vía constitucional” y de impulsar “la emblemática ley de amnistía para los presos y exiliados políticos”.

“El cambio no es cuestión de calendario, no es una cosa etaria o cronológica, es un hecho de cambio de actitud, de cambio de sistema, de cambiar lo que está mal, muy mal y derivará en peor”, subrayó.

TRES IMPUGNADOS

Maduro, elegido por seis años en abril de 2013, advirtió el lunes reciente que los diputados tendrán inmunidad, pero no impunidad si “conspiran” con un “golpe parlamentario”.

La Asamblea Nacional, elegida en históricos comicios el 6 de diciembre, pasó a dominio opositor, pero se juramentaron solo 163 de los 167 diputados, luego de que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidiera ocupar sus sillas a tres opositores y un oficialista que ganaron la elección en el estado Amazonas, impugnada por los chavistas por supuestas irregularidades.

En lo que sería una de las primeras batallas y aunque Maduro adelantó que la vetará, la bancada opositora planea aprobar una amnistía para 75 políticos presos.

Esa decisión dejaría temporalmente a la oposición sin la poderosa mayoría calificada de dos tercios (112), pero aún tendrá la mayoría calificada de tres quintas partes.

CHOQUE DE PODERES

En lo que sería una de las primeras batallas y aunque Maduro adelantó que la vetará, la bancada opositora reiteró que planea aprobar una amnistía para 75 políticos presos, entre ellos el opositor radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión y acusado de incitar a la violencia en las protestas en 2014.

“En primer lugar, una ley de amnistía y reconciliación para que no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos”, dijo en el hemiciclo Julio Borges, jefe de la fracción de la MUD.

Entre gritos de uno y otro bando, la sesión concluyó con el retiro de los indignados partidarios del gobierno.

“La Asamblea puede aprobar las leyes que quiera, pero las refrenda el presidente, y en caso de que haya alguna contradicción el presidente puede vetarla o acudir al TSJ”, afirmó Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea.

Desde la tribuna, Ramos Allup aseguró que el TSJ “no es un Poder Legislativo alterno”. “Hay cuatro diputados electos por el pueblo cuya elección no la puede hacer ilusoria una decisión burocrática del Poder Judicial”, afirmó.

 

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