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  • EFE

Grecia vivió hoy la primera huelga general del año en contra de la reforma de las pensiones que dejó una imagen totalmente diferente a la de convocatorias anteriores, pues el pequeño comercio, los taxistas y el transporte paralizaron la actividad en la mayoría de ciudades del país.

Esta huelga ha sido convocada por los sindicatos contra de la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno del primer ministro, Alexis Tsipras, negocia con los acreedores internacionales.

El amplio seguimiento se notó también en la multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Atenas, y en que se registraron algunos incidentes cuando grupos aislados de manifestantes lanzaron cócteles molotov a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.

Durante los enfrentamientos, un periodista fue agredido por algunos de estos manifestantes y tuvo que ser traslado al hospital.

Loa enfrentamientos continuaron después, ya finalizada la manifestación, en el barrio de Exarjia, de tradición izquierdista, donde los manifestantes incendiaron cubos de basura y volvieron a la lanzar bombas incendiarias.

La manifestación fue la más multitudinaria de los últimos años, con unos 40.000 participantes, según la Policía, y 100.000, de acuerdo con los organizadores.

Al grito de "Tenéis que retirar la reforma de pensiones o marcharos" o "Os votamos para salvarnos, no para que acabéis con nosotros" abogados, médicos, maestros, farmacéuticos, trabajadores de los aeropuertos y puertos, pensionistas y muchos otros profesionales marcharon no solo por el centro de Atenas sino por otras muchas ciudades.

En el transporte hubo un paro total en trolebuses, trenes interurbanos y de cercanías, mientras que el metro y el tranvía de Atenas sólo han circulado siete horas y los autobuses doce.

Los barcos permanecieron amarrados y se produjeron 66 cancelaciones de vuelos domésticos de las compañías locales Olympic Airways y Aegean Air debido al paro parcial de los controladores.

Un representante de la confederación de sindicatos del sector público (ADEDY) aseguró a Efe que no contaban con cifras de participación, pero que todas las asociaciones de funcionarios anunciaron su adhesión a la huelga.

En el sector privado, todos los sindicatos se unieron a la huelga con tasas de participación superiores al 95 %, afirmó a Efe el portavoz de esta confederación sindical, Dimitris Karayorgópulos.

A diferencia de las últimas dos convocatorias, la mayoría de comercios del centro de Atenas permanecieron cerrados, una imagen que no se repetía desde hacía años, pues las sucesivas huelgas han desincentivado la adhesión de muchos autónomos.

El presidente de la asociación de pymes, Yorgos Kavazás, aseguró a Efe que en algunas ciudades como Salónica o Volos la participación se acercó al 100 %.

Según la confederación nacional del comercio, el coste del cierre de un día supone pérdidas de 210 millones de euros para el sector y de 8 millones para el Estado por la recaudación del IVA.

En el mercado central de Atenas la parte dedicada al pescado mantuvo un cierre total, mientras en la de la carne el seguimiento fue desigual.

Kyriakos mantuvo su puesto abierto, porque, a pesar de estar de acuerdo con el motivo de la huelga, su sindicato no la ha secundado.

"Algunos compañeros presionados por la situación económica, tienen miedo a cerrar y han optado por trabajar. Por eso no hubo un consenso del cien por cien en nuestro ramo y hemos permanecido abiertos, aunque no al mismo nivel", asegura este carnicero.

Asegura que al final, las decisiones "se toman fuera", por lo que no considera que la presión sobre el Gobierno logre su objetivo.

Los agricultores participaron en protestas en varias ciudades como Salónica, pero decidieron levantar los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace dos semanas, con el fin de facilitar la participación en las manifestaciones.

A cambio, acordaron organizar un bloqueo de 24 horas de carreteras, aeropuertos, aduanas y puertos el próximo sábado.

El paro coincide con la estancia de los representantes de las instituciones acreedores en Atenas para negociar con el Gobierno izquierdista de Tsipras, la reforma de las pensiones en el marco de la primera revisión del tercer rescate.

Aunque las pensiones griegas han sufrido once recortes sucesivos desde 2010, el Gobierno del líder de Syriza considera necesaria la reforma para hacer sostenible el sistema de Seguridad Social, donde solo 1,7 trabajadores financian cada pensión, muy por debajo del mínimo para que el sistema se mantenga en pie.

En su plan de reforma el Ejecutivo contempla subidas de cotizaciones y bajadas de las denominadas pensiones suplementarias aunque, por ahora, no quiere tocas las principales.

Los acreedores no parecen satisfechos con las propuestas, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige recortes en todas las pensiones y, en cambio, es contrario a que se les suban las cotizaciones a los empresarios.

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